El Ayuntamiento de Sant Josep continúa, desde octubre del año pasado, sin poder abrir el expediente de demolición de las obras ilegales que el magnate ruso Vladislav Doronin, ex novio de la top model Naomi Campbell y fundador de la multinacional Capital Group, realizó en su mansión de Cala Comte. Y ello, según confirmaron fuentes consistoriales, porque «el departamento de urbanismo se encuentra desbordado».
Mediante este expediente de ejecución subsidiaria, al igual que se ha hecho con las infracciones cometidas en Casa Lola, la propiedad tiene la posibilidad de ejecutar los trabajos de demolición y, en caso de no hacerlo, lo haría el Ayuntamiento, que le pasaría posteriormente los gastos de los trabajos a la empresa de Vladislav Doronin.
Asimismo, por estos mismos hechos fue multado con un millón de euros, aunque según explicaron desde el Consistorio «presentaron recurso de reposición y se está estudiando jurídicamente». Al parecer, este recurso también impide iniciar la ejecución subsidiaria de la demolición de las obras hasta que no se haya resuelto.
Doronin adquirió la mansión ubicada en Platges de Comte a través de la sociedad Inversiones Rapa Nui 2012 SL a la también top model Elle Machperson.
Legalización
Según consta en la sentencia 00414/2020 de la sala de lo contencioso administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la propiedad de la mansión pretendía la legalización de una serie de construcciones ejecutadas sobre la servidumbre de protección de la Ley de Costas «careciendo de licencia alguna, además de haberse excedido con creces de la licencia de obra menor» otorgada en 2013. Dicha licencia se solicitó para la realización de trabajos interiores, revestimientos y pavimentos.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año el Consell d'Eivissa remitió un requerimiento de información al Ayuntamiento josepí ya que, tras una inspección, habían detectado que se estaban realizando obras de reforma integral sobre la vivienda existente que afectaban a la estructura del inmueble, y otra serie de obras que requerían de maquinaria pesada en el exterior, tales como el levantamiento de estructuras de hormigón de nueva planta y trabajos de excavación.
Ante este requerimiento, el celador municipal procedió a visitar la propiedad y detectó que se estaban haciendo obras en todo el inmueble, concretamente «el cambio de instalaciones, cambio de tierra, impermeabilizaciones, saneamiento de vigas y revestimientos, movimientos de tierras en la zona de acceso a la finca con anulación de la fosa séptica, así como la construcción de una pasarela y una terraza de madera, ambas elevadas».
En julio de 2014 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente elaboraron un informe-denuncia detallando una serie de obras que se habían ejecutado sobre terreno forestal, en suelo rústico protegido en área de especial interés de alto nivel de protección, consistentes en un jacuzzi de obra cementada, una pérgola de madera sobre base de hormigón, ajardinamiento de zona forestal y aporte de áridos, construcción de una edificación bajo tierra, ampliación del volumen sobre edificación preexistente, ampliación de piscina y la eliminación de cubierta vegetal.
La propiedad presentó un proyecto de legalización de los trabajos realizados fuera del ámbito de la obra menor, que fue denegado por la Junta de Gobierno Local que meses después, ya en enero de 2015, resolvió ordenar a la propiedad la restauración de la legalidad mediante la reposición de los terrenos a su estado original.
Desde esa fecha la sociedad Inversiones Rapa Nui fue presentando recursos de apelación contra las decisiones adoptadas por el Consistorio, que finalmente fueron ratificadas en su totalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.