Los 170 escalones de la controvertida escalera que partió la montaña de Cas Mut en 2018 fueron el principio del fin de una zona forestal en la que hoy se dan la mano mansiones y grúas ante la decepción de quienes pensaron que gobiernos como el del socialista Rafa Ruiz pondrían fin al urbanismo más polémico.
Cada vez queda menos de una montaña en la que los precios de las viviendas ya construidas pueden llegar a alcanzar los 15 millones de euros. La zona ha recibido un espaldarazo gracias a la modificación puntual del plan parcial aprobada el pasado mes de febrero con los votos a favor del PSOE y Unidas Podemos, la abstención del PP y el rechazo de Ciudadanos.
Esta modificación contempla, entre otras cuestiones, parcelas mínimas de 1.500 metros cuadrados, cuando antes eran de 300, y una reducción de la edificabilidad media a 235 metros cuadrados. Las alturas pasan de 11 a 6 metros y se ponen obstáculos a que los nuevos edificios puedan convertirse en segundas residencias.
La urbanización de Cas Mut fue aprobada en 1987, con el también socialista Enrique Mayans al frente del Ayuntamiento de Vila. A lo largo de los años y a pesar de que se han sucedido tanto el PSOE como el PP en el Consistorio, la decisión de urbanizar estas parcelas no ha cambiado. Ni siquiera en el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), suspendido por la Comisión Balear de Medio Ambiente, y promovido por el Pacte se contempló la posibilidad de proteger este lugar.
El actual gobierno, liderado por Rafa Ruiz, acordó suspender la concesión de licencias en 2019 para preparar una modificación que permitiera reducir el impacto urbanístico. El problema es que, con anterioridad, ya se había otorgado un buen número de permisos, cuyas consecuencias son más que evidentes en la montaña.
La responsable de Urbanismo en aquellos momentos, la socialista Elena López, defendió en febrero esta modificación asegurando que se ha buscado que los nuevos proyectos tengan «el mínimo impacto visual», además de «un mínimo gasto de agua» y que «la vegetación sea la adecuada a la isla». López aseguró que la modificación es producto de «poner en una balanza la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y la protección del territorio» y echó balones fuera al recordar que la urbanización de Cas Mut está prevista desde «los años 80 y 90». Y mientras la montaña desaparece entre casoplones y grúas, la concejal del PSOE destacó que el gobierno de Ruiz «apuesta por el territorio».
Indemnizaciones millonarias
Lo cierto es que la modificación no satisface a nadie. Los propietarios de parcelas que aún no habían solicitado licencia consideran que con esta decisión «arbitraria» verán afectados sus intereses frente a los que sí pudieron obtener los permisos en el pasado. En cuanto la modificación fue aprobada inicialmente el pasado noviembre, recurrieron a los tribunales y confían en que estos les den la razón porque, aseguran las fuentes consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera, «la Justicia verá que ha sido una decisión tomada por el Ayuntamiento de forma arbitraria y sin querer negociar».
Tienen claro que, si esto sucede, el Consistorio de Ruiz «tendrá que pagar las indemnizaciones». Y añaden: «La gente tiene que entender que, cuando un ayuntamiento ha de pagar una indemnización, ese dinero sale de los ciudadanos. Indemnizar por una mala gestión política significa, por ejemplo, no tener dinero para arreglar las pérdidas de agua que tiene el sistema en Ibiza. El Ayuntamiento podría haber negociado porque pusimos sobre la mesa una serie de mejoras para reducir el impacto urbanístico pero no aceptaron nada».
Más pesimista, pero desde otra perspectiva, se muestra el presidente del GEN, Joan Carles Palerm, quien considera «fue un gran error concebir hace 20 años ese urbanizable». Palerm lamenta «mucho» que en estas dos décadas «no se revisase a la baja el planeamiento». Algo que, recuerda, hubiera podido evitar «la construcción en las zonas sensibles», como es el caso de esas zonas .
Palerm considera que Vila debería «hacer una nueva propuesta de PGOU más restrictiva» de la que ahora está suspendida y que ha llevado a que el urbanismo municipal se rija en estos momentos por un planeamiento de 1987. «Lo realista sería reconocer que no hay agua para crecer en la isla», concluye, «todos los ayuntamientos tendrían que asumir la necesidad de rebajar el planeamiento y eliminar todo el urbano posible porque lo contrario es volver a tener que dar agua salada a la población, como ya pasó hace solo unos años».
Jose Turbien JOSE TUR, yo tengo 12 mil heredados de mis familiares, con posibilidad de poco a poco hacerme una casa donde criar a mis hijos , en la tierra de sus tatarabuelos, ahh, no estaba soñando, la realidad es que estoy atrapado en esta Ibiza de lujo, donde un piso medio decente no se encuentra por menos de 350 mil y los politicos de hoy en dia son incapaces de ponerse deacuerdo en hacer una ley que permita a la gente nativa poder construirse una vivienda decente de 80 ,o 100 metros con el unico fin de uso como vivienda, nada de viviendas turisticas, turismo rural o todo lo que se le asemeje, pero claro como esto no dejaria sobres pues no interesa, en fin aver si tu yo y todos los que estamos en la misma situacion encontramos algun grupo politico que solo pretenda ganar un buen puñado de votos y no unos sobres de estos que estan tan de moda.