El día 11 de Marzo comienza el juicio contra Laura, una de las inquilinas deledificio de la Calle Lugo en Cala de Bou, propiedad del fondo buitre Promontoria Coliseum. Laura, junto con otras 10 familias, se negaron a la finalización de sus contratos de alquiler, puesto que habían pactado con el Banco Sabadell, antiguo propietario que vendió para evitar ensuciar su imagen con los desahucios, una renovación que finalmente se hizo en forma de prórroga.
Desde hace, las vecinas reciben un acoso constante de llamadas, desde distintas empresas, para intentar que se marchen. «Nos han llegado a ofrecer hasta 9.000€ para que nos marchemos de aquí. Está bien, con eso podemos pagar la fianza y algún mes de alquiler pero ¿Luego qué? Yo estoy pagando 700€ y debo salir de la isla en invierno para poder trabajar y seguir pagando mi alquiler ¿Qué haré cuando me vea en la obligación de 1.500€ por un piso de las mismas condiciones?» comenta Laura.
En el caso llevan mediando varios años Unidas Podemos y el Sindicato de Inquilinas de Ibiza. Para el Sindicato esto es un claro ejemplo de represión sindical. Se han recibidovarias demandas yel fondo buitre ha solicitado expresamente que esta se acelere. No es casualidad que Laura sea una de las encargadas de organizar a las compañeras del bloque de viviendas.Desde Unidas Podemos, Guadalupe Nauda lleva añosintentando negociar con la empresa.
El contacto con el fondo buitre se hace a través de terceras,siempre por correo electrónico y cada vez que se ha logrado iniciar una negociación, la persona encargada deja de responder a los correos, hasta que se lograentablar contacto con otra y se vuelven a iniciar los trámites.El Sindicato de Inquilinas denuncia que las viviendas que se han ido quedando vacías no se están poniendo en alquiler ni a la venta, se están tapiando para evitar la entrada de okupas.
Actualmente el edifico se encuentra en estado de semiabandono y hay varias viviendas que incumplen la ley de vivienda Balear al llevar más de dos años abandonadas. Según Daniel Granda, portavoz del Sindicato: «Si no se llega a un acuerdo con las actuales inquilinas, procederemos a solicitar al Govern Balear la expropiación del edificio.No podemos permitir que se siga haciendo este uso antisocial de la propiedad en la isla.»