La modificación de las normas urbanísticas en Cas Mut por parte del Ayuntamiento gobernado por los socialistas Rafa Ruiz y Elena López puede acabar convirtiéndose en un grave problema para las arcas municipales, según expertos juristas consultados por Periódico de Ibiza y Formentera. Los propietarios afectados por esta modificación, promovida por Ruiz y López tras recibir numerosas críticas por la progresiva desaparición de la montaña, recurrieron a los tribunales cuando se produjo la aprobación inicial el pasado mes de noviembre. Y, según afirman las fuentes consultadas por este rotativo, es muy probable que la Justicia les dé la razón.
«Pretenden justificar lo que no ha sido más que una operación de maquillaje completamente absurda», aseguraron, «y que les va a reportar importantes responsabilidades patrimoniales que, por supuesto, tendremos que pagar todos los ciudadanos. Empeñarán las arcas del Ayuntamiento sin haber protegido la montaña».
Y es que esta modificación ha significado que, por ejemplo, donde antes solo eran necesarios 300 metros cuadrados de parcela para construir ahora sean obligatorios más de 1.500. Algo que, obviamente, no afectará de la misma manera a todos los propietarios. Quienes en su día lograron licencia y ya han construido, podrían ver cómo sus edificaciones quedan «fuera de ordenación». Las cerca de 40 parcelas aún no edificadas se verán también muy afectadas por una modificación urbanística que ni Ruiz ni López quisieron pactar con los propietarios, según señalaron estos en declaraciones a este diario.
A juicio de las fuentes jurídicas consultadas, el alcalde y su hasta diciembre concejal de Urbanismo, «en su afán por parecer que hacen», no han tenido en cuenta las consecuencias económicas que tendrá su decisión: «Esa modificación sorpresiva del planeamiento en un polígono donde ya se han otorgado licencias, que ha llegado a la fase final del plan, con la urbanización acabada y pendiente solo de subsanación de deficiencias, provocará que tengan que hacer frente a responsabilidades patrimoniales. Es de libro».
Y es que no es la primera vez que esto sucede. Los expertos consultados por este periódico pusieron como ejemplo el caso de Roca Llisa, donde el Govern ya ha sido condenado a afrontar indemnizaciones de casi 18 millones de euros por suspender los derechos de los propietarios con la excusa de la protección. En los últimos años, la comunidad autónoma ha tenido que pagar 225 millones de euros para compensar a propietarios afectados por este tipo de decisiones tomadas en nombre de la protección del territorio. «Hay ya una jurisprudencia muy consolidada en el Tribunal Supremo a propósito, precisamente, de los casos de Baleares», señalaron los juristas, «porque, tristemente, somos pioneros».
Las mismas fuentes explicaron que, en el caso de Cas Mut, «las situaciones en las que hay responsabilidad son claras». En este sentido, señalaron que hay un grupo de propietarios que aún no han obtenido licencias de construcción y que «ven cómo se han reducido los aprovechamientos de sus terrenos en comparación con otros». En segundo lugar se encuentran los que, con las licencias en fase de tramitación, «se ven afectados por la modificación y deben reducir los proyectos para adecuarlos a lo aprobado». Y, finalmente, los propietarios que «ya tenían licencia y ven cómo se reducen los aprovechamientos, quedando sus viviendas ya al tiempo mismo de nacer en situación de fuera de ordenación y con las consiguientes limitaciones».
«Es todo», concluyó uno de los juristas consultados, «un auténtico despropósito. Sobre todo de López, que no tiene ni la más mínima idea de lo que hace. Si pudieran decir que han salvado una montaña emblemática con un coste indemnizatorio elevado, vale. Pero, para no conseguir nada, empeñar al Ayuntamiento tiene delito».
LA NOTA
López a Marí Bosó: «¿Qué propone? ¿Anular y condenar a Vila a millones de indemnizaciones?»
De cara al público, el Gobierno de Rafa Ruiz y Elena López parece tener muy claro que la modificación del plan parcial de Cas Mut no afectará a las arcas municipales, a pesar de que los expertos dicen todo lo contrario. Así lo demostró Elena López a principios de esta semana en Twitter, cuando, frente a las críticas del popular José Vicente Marí Bosó, respondió: «¿Qué propone? ¿Anular y condenar a Vila a millones de indemnizaciones?».
López negó que el PGOU de 1987 fuera del PSOE, a pesar de que lo aprobó el socialista Enrique Mayans y también afirmó que su modificación del plan ha evitado los «edificios de tres plantas adosadas» en la zona de Cas Mut, a pesar de que es evidente que lo autorizado hasta ahora por el Gobierno de Ruiz está provocando la desaparición de la montaña.
El apunte
forasterEstoy contra los TERRORISTAS Y VIOLADORES Y ASESINOS,, se SUPERA 5 NEGATIVOS,,será UNA COSA (REAL) que PASARÁ. ,, ES UN TEST ( CONTRA INTELIGENCIA).Y fíjate era en memoria de la VÍCTIMAS del 11 M.