El Govern publicó ayer el decreto que da luz verde a la creación de la comisión que tendrá que tomar las decisiones sobre el futuro de los propietarios de los apartamentos Don Pepe. Participarán en la misma representantes de la Conselleria de Vivienda, del Consell d'Eivissa, del Ayuntamiento de Sant Josep y de los propios afectados, según explicó en rueda de prensa el conseller Josep Marí Ribas Agustinet.
La comisión tendrá dos objetivos fundamentales: la «solución habitacional urbana» para los desalojados del complejo de apartamentos y «la recuperación ambiental de es Codolar».
Derribar estos dos edificios, compensar a sus propietarios con nuevos inmuebles y devolver la zona a su estado original es, en palabras de Marí Ribas, «una operación inédita» en Baleares que, además, tendrá que dar solución a «un problema muy específico». Tanto las tres administraciones como los afectados consideran, según señaló el conseller, que la fórmula de la comisión de seguimiento es «muy adecuada» porque permitirá «aunar esfuerzos».
Recalificación
Junto a esta comisión trabajará otra de tipo técnico, que se encargará de lo que ha de ser el proyecto de construcción de los nuevos inmuebles en los que se reubicará a los desalojados de los Don Pepe. Inmuebles cuya ubicación se desconoce, aunque, según explicó el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, el Consistorio ya está «negociando» para conseguir un solar. Este solar tendrá que ser «recalificado» y esta operación deberá recibir el visto bueno del Consell, que estudia en estos momentos si lo hará por la vía ordinaria o si, por el contrario, buscará una fórmula más rápida como la inclusión de esta recalificación en la aprobación de las nuevas normas transitorias del municipio, que tendrá lugar en breve, según señaló, por su parte, el vicepresidente insular, Mariano Juan.
En estos momentos, por otro lado, el Govern busca el acuerdo de todos los propietarios de los Don Pepe. Y es que, si no existe unanimidad, no podrá salir adelante el proyecto de la permuta. Marí Ribas admitió que será necesario «poner en un papel un protocolo de intenciones» que sirva para responder a las dudas de los propietarios que aún no han aceptado el intercambio. El abogado de este colectivo, Joan Nadal, indicó que «la gran mayoría está de acuerdo con las líneas que se han fijado». Pero también reconoció que «con el decreto y la comisión se podrá avanzar». No obstante, dejó claro que «hay situaciones particulares de vecinos, como los que no viven aquí o los que tienen una situación familiar determinada», que han provocado que aún no se haya llegado a la unanimidad necesaria.
Sin cifras ni plazos
Marí Ribas, finalmente, no pudo ofrecer ningún avance ni de cifras ni de plazos. En este sentido, el conseller balear de Vivienda señaló que, en lo que al coste de este proyecto se refiere, «habrá que verlo cuando estén los proyectos redactados». «Hay que ver», añadió, «la valoración de los edificios y la valoración ambiental de la zona». Aclaró, eso sí, que el Govern se hará cargo de la redacción de los proyectos mientras que el Ayuntamiento de Sant Josep correrá con los gastos de compra del nuevo terreno y la construcción de los edificios.