La Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles, con el voto en contra del PSOE, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno a destinar 18 millones de euros a mejorar la indemnización de residencia de los funcionarios del Estado en Baleares.
Mediante esta propuesta, defendida por el diputado ibicenco Miguel Jerez, los funcionarios del Estado destinados en las islas Baleares verían triplicado su complemento por insularidad, pasando de los 74,51 euros mensuales a 246,31.
Dicha iniciativa proponía, a su vez, extender esta medida a los empleados públicos dependientes de la comunidad autónoma.
En su exposición, Jerez denunció que el complemento que cobran en este momento los funcionarios «no compensa el coste de la vida en Baleares», algo que está llevando a que los empleados públicos estatales que hay en el archipiélago «pidan marcharse o soliciten una excedencia para ocupar otro empleo distinto».
«Se nos están vaciando las islas de funcionarios», lamentó el diputado popular, algo que incide sobre el resto de empleados públicos «que ven aumentada su carga de trabajo cuando no les corresponde», y sobre los ciudadanos, «que ven cómo disminuye la calidad de los servicios públicos».
Jerez aseguró en la exposición de motivos de la PNL que los costes por la residencia en Baleares, a día de hoy, «son muy superiores a los que reconoce el Estado, lo que, entre otras cosas, hace que la provisión de plazas de funcionario se vea dificultada por los costes crecientes derivados de la insularidad».
Desde el año 2006, cuando se autorizó mediante un Real Decreto Ley la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia, no se ha vuelto a ejecutar ninguna puesta al día de este plus de insularidad.
«Urge realizar un nuevo estudio de actualización que acerque estas cifras a la realidad de las islas de hoy en día. Por todo ello, se insta al ejecutivo central a revisar este año el plus de insularidad con una dotación presupuestaria, como mínimo, de 18 millones de euros», puntualizó.
La Constitución establece que el Estado debe garantizar «la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Carta Magna, que vela por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular».