Representantes del Govern balear, del Consell d'Eivissa, del Ayuntamiento de Ibiza y del sector del taxi se reunieron ayer en Can Botino con el fin de acordar una nueva orden de carga y descarga para regular este servicio público. Se trata de un documento clave que, a tenor de las declaraciones realizadas por los participantes en la reunión, tendrá que volver a acordarse entre todos los implicados.
La orden de carga y descarga fue redactada en su día por el Consell d'Eivissa y, según señaló el pasado lunes el conseller Javi Torres (Cs), fue consensuada tanto con los ayuntamientos como con los profesionales del sector. El Govern rechazó tramitarla porque consideraba que debía hacerlo la institución insular. Ha sido el Consell Consultiu el que ha aclarado recientemente que la tramitación corresponde al Ejecutivo autonómico mientras que el Consell debe encargarse de la actualización de las tarifas del taxi en base a ese documento.
Sin embargo, las versiones de lo sucedido en la reunión son contradictorias. El conseller autonómico de Movilidad, Josep Marí Ribas Agustinet, aseguró tras finalizar el encuentro que el Consell había propuesto «algunas modificaciones» a la orden poco antes de la intervención de Torres ante los medios el pasado lunes. «Cuando el Consell os dice eso a vosotros», señaló Marí Ribas en referencia a los periodistas, «cinco minutos antes nos dice a nosotros que quiere poner más cosas».
El conseller socialista y aspirante a la presidencia de la institución ibicenca explicó también que «se ve que hay un consenso amplio con los ayuntamientos» en el texto propuesto. Texto que admitió que fue enviado por el Consell al Govern «hace un año». No obstante, pidió a Torres que mantenga ahora «este trabajo de consenso y de unión entre instituciones».
Colaboración
Torres, por su parte, se mostró satisfecho con el resultado de este primer encuentro. El conseller insular de Transportes recordó la importancia de la orden de carga y descarga para el sector y aseguró que su departamento se ha «puesto a disposición» del Govern para «colaborar en lo que haga falta». Sin embargo, en ningún momento señaló, como sí hizo el lunes, que no fuera necesario volver a negociar esta regulación con los consistorios y el sector. «Ahora», concluyó, «hay una ventana que se debe aprovechar para mejorar el servicio desde el máximo consenso posible».
Los taxistas, por su parte, estuvieron representados por miembros de la FITIE y de la CAEB. Fuentes de estas entidades mostraron su esperanza en que la regulación del taxi pueda ser una realidad en esta nueva etapa. Sin embargo, también indicaron que, tras el encuentro, solo les quedó claro que «hay que hacer más reuniones». No quisieron pronunciarse sobre cuál sería la figura jurídica ideal para la orden de carga y descarga y, en cuanto a la actualización de las tarifas, indicaron que están dispuestos a esperar porque llevan ocho años ya con ellas congeladas. «No nos viene de un verano», señalaron, «queremos que la orden esté bien hecha, que tenga seguridad jurídica y que, con eso, el Consell pueda hacer la actualización de las tarifas».
El apunte
¿Aprobar la orden de carga y descarga del conseller Javier Torres o empezar de nuevo?
Gisela RevellesSi algo no quedó ayer claro fue sobre qué documento va a trabajar realmente el Govern balear para la regulación del sector del taxi en la isla de Ibiza. Marí Ribas acusó a Torres de pretender modificar ahora la orden que ya remitió hace un año a la Conselleria autonómica de Movilidad. Torres, que el lunes defendía este documento, ayer hablaba de un nuevo consenso y de la necesidad de trabajar unidos. La sorpresa llegaba desde el sector del taxi, cuyas fuentes indicaron que habían entregado una nueva propuesta a Marí Ribas.
Este nuevo documento contendría los puntos que en su día Torres no quiso aceptar y que, sin embargo, sí habrían contado con el beneplácito de los concejales de Movilidad de los cinco ayuntamientos de Ibiza, según explicaron las fuentes consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera.
Por otro lado, el frente abierto por Aitor Morrás contra el sector del taxi en Vila tendrá también consecuencias para este nuevo acuerdo pues los taxistas quieren mayoritariamente un sistema de GPS común para todos los vehículos de la isla mientras que el concejal de Unidas Podemos apuesta por un sistema diferente que provoca que los profesionales de un municipio no puedan trabajar en otro que no sea el suyo. La judicialización de este enfrentamiento obligará a que la nueva orden de carga y descarga contemple lo que decidan los tribunales al respecto.