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El Consell de Ibiza dice que hay controles para evitar presuntas irregularidades por parte de consellers

Fiscalía investiga los gastos de la tarjeta del Consell de Marta Díaz en la legislatura pasada

Marta Díaz, en una imagen de archivo. | Daniel Espinosa

| Ibiza |

El Consell d'Eivissa explicó ayer que se han adoptado medidas de control para evitar que un conseller pueda ser acusado de un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Desde la institución insular afirmaron ayer que, entre otras medidas, se han eliminado tarjetas de crédito a nombre de los consellers y en todas las bases de ejecución de los presupuestos aprobados por el actual equipo de gobierno se han incluido nuevos mecanismos de control en relación a los gastos derivados de dietas y que no estaban vigentes la anterior legislatura.

De esta manera se pronunció ayer la máxima institución insular tras conocerse que la Oficina Anticorrupción ha trasladado el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por el uso presuntamente irregular de una tarjeta del Consell por parte de la que fue vicepresidenta segunda, Marta Díaz, antes del PSOE y actualmente consellera no adscrita. Así, el Ministerio Público ha apreciado indicios de un posible delito de malversación de fondos públicos.

Cabe recordar que, en febrero de 2021, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares decidió abrir formalmente una investigación por este caso, comunicando la decisión al Parlament, que fue el denunciante a través de una iniciativa presentada por el PP.

El PP solicitó que la Oficina Anticorrupción examinase el asunto tras publicarse que Díaz, siendo consellera de Interior, Industria, Comercio y Relaciones Institucionales, habría realizado diferentes gastos con la tarjeta de crédito institucional, como pagos en restaurantes, peluquería o productos de cosmética personal. Tras estudiar los gastos cargados a la tarjeta oficial, el organismo consideró que sí pudo haber irregularidades y por ello decidió continuar con el procedimiento.

Díaz presentó en octubre de 2019 su baja del PSOE tras casi una década de militancia, antes de que la formación socialista le abriera un expediente disciplinario. La exvicepresidenta segunda del Consell decidió conservar su acta de consellera insular electa «para defenderse» y aseguró estar sufriendo «una campaña brutal de desprestigio».

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