Multas de hasta 30.000 euros para quienes asistan a una fiesta ilegal en Ibiza

Govern y Consell d'Eivissa detallaron ayer las importantes acciones que podrán aplicarse desde esta misma temporada a la hora de perseguir «con contundencia» las fiestas ilegales en Ibiza. Solo por asistir a uno de estos eventos en un espacio natural, los participantes podrán verse obligados a pagar una sanción, considerada grave, de hasta 30.000 euros.

El Govern, el Consell d´Eivissa y los cinco ayuntamientos acordaron ayer intensificar esta lucha a través de una modificación de la Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares. El presidente Vicent Marí recordó precisamente el objetivo común de las instituciones implicadas para contar con una normativa «clara» que permita combatir estas fiestas ilegales. «El Consell Insular lleva mucho tiempo reclamando esta normativa. Es una problemática que se ha ido agravando», indicó Marí.

La definición

Para despejar toda clase de dudas, el presidente recordó que en el documento se define al detalle qué es una fiesta ilegal: «Es un evento multitudinario, que se celebra fuera de los canales reglados de actividades con licencia y existe ánimo de lucro. No estamos hablando de una fiesta privada que puede celebrarse en cualquier domicilio».

Otro aspecto a destacar es la identificación de todos los responsables involucrados en las fiestas y que desde ahora estarán sujetos a un régimen «muy duro» de sanciones. Desde el propietario de la vivienda al comercializador del evento, con la modificación normativa serán penados todos los que intervienen en su organización, además de los participantes que serán multados por el simple hecho de acudir al evento ilegal. «Pretende ser una normativa disuasoria, que desincentive, que disuada», añadió Marí.

El presidente celebró los avances conseguidos ayer, aunque reconoció que desde el Consell pretendían ser «más ambiciosos» y definir medidas «contundentes» que permitieran actuar en el preciso momento de una celebración ilegal en una vivienda, aunque el encaje legal no lo permite. «Es un avance importante. Queremos mandar un mensaje claro y contundente desde todas las administraciones de que estas actividades se perseguirán, se sancionarán y, por lo tanto, creemos que se ha dado un paso importante», consideró Marí.

Las instituciones se comprometieron ayer a realizar un seguimiento permanente de los resultados que vayan logrando estas medidas durante toda la temporada para «ver si hay que ir adaptando la legislación».

Desde el Govern puntualizaron además que su intención es hacer un frente común contra la proliferación de las fiestas ilegales, sobre todo las que se llevan a cabo en viviendas y en determinados ámbitos de suelo rústico. Entre otras cuestiones, recordaron que este tipo de eventos, al margen de la competencia desleal, pueden implicar un importante riesgo para los participantes; provocan graves impactos en el orden público y en la convivencia ciudadana; generan molestias y problemas de movilidad y suelen ser un potencial foco para otras actividades ilícitas.

Entre otros aspectos, el presidente Vicent Marí destacó que las sanciones podrán ser de hasta 300.000 euros.

La consellera de Presidencia del Govern, Mercedes Garrido, consideró también que la normativa «no será la solución definitiva», aunque supondrá un «punto de inflexión»a la hora de combatir estas actividades. Garrido añadió que, con la norma, quien asista a uno de estos eventos y cometa una falta leve será multado con una sanción que podrá oscilar entre los 300 y los 3.000 euros. Organizar, comercializar o anunciar estas fiestas, así como participar en ellas si se celebran en espacios naturales protegidos o viviendas, estará multado con sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros.

En el caso de cometer una falta muy grave, las multas podrán llegar a los 300.000 euros. A la hora de sancionar, se valorarán agravantes como provocar molestias a los vecinos y, además, no hará falta esperar al inicio del expediente sancionador para que los órganos competentes puedan aplicar medidas cautelares. «Son sanciones importantes que persiguen que estas fiestas no se realicen», insistió Garrido.

Según la consellera, el objetivo es aprobar la normativa de forma rápida para poder disponer de ella al comenzar la temporada. «En breve, podremos aprobarla en el Consell de Govern y que se comience a aplicar por parte de los ayuntamientos, que son los responsables de ello, aunque contarán con la colaboración del Consell y del Govern balear», concluyó.