Desde Ocio de Ibiza, el gerente José Luis Benítez consideró que las medidas anunciadas son muy positivas puesto que «es un tema muy importante para la isla y el Consell d'Eivissa ha hecho un trabajo fenomenal». Para el gerente, desde ahora se conseguirá bloquear todo el entramado que se mueve alrededor de una de estas fiestas: desde dj's a promotores.
Para Benítez, con la normativa se incrementará la presión para disuadir a quienes pretendan organizar fiestas ilegales, que provocan además muy mala imagen. «Han pasado cosas muy graves en estos eventos», puntualizó también, recordando el insólito suceso acontecido el pasado verano en una de estas fiestas, cuando una persona recibió varias heridas de bala y estuvo a punto de morir.
«Esa imagen no es la que se quiere dar de Ibiza. Lo que queremos trasmitir es que las cosas se hacen muy bien y que las empresas del sector son profesionales. Se ha llegado hasta donde se ha podido, dando a las policías unas herramientas para que puedan trabajar bien», manifestó el gerente. «Lo que necesitamos en Ibiza es acabar con este pirateo», concluyó.
Para el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Baleares (CAEB) en las Pitiusas, José Antonio Roselló, el Govern debería haber sido «más ambicioso» y encontrar el encaje legal que posibilitara la intervención directa de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el preciso lugar donde se esté celebrando la fiesta.
Roselló recordó que desde el principio dieron su apoyo a la propuesta del Consell al considerar que estas actividades ilegales son realmente nocivas para la actividad económica de Ibiza, además de un pésimo ejemplo para la ciudadanía. «Había que actuar con contundencia, aunque se debería tener mucha más valentía a la hora de afrontar esta situación y no escudarse en argumentos leguleyos», reiteró el vicepresidente.
Roberto San Esteban, presidente de la patronal de viviendas turísticas, celebró que exista un mayor control hacia las fiestas ilegales, aunque puntualizó que, según distintos informes, los alojamientos turísticos legales no son el foco principal de esta problemática.
Desde la Pequeña y Mediana Empresa de las Pitiusas (Pimeef), el presidente Alfonso Rojo avanzó que inicialmente va a confiar en los resultados de la normativa porque «si nada teníamos antes, tener algo ahora ya es un paso importante».
Según consideró, con la modificación legislativa se van a articular medidas contra un problema «real» que ha provocado grandes daños a la economía de la isla e incluso a la salud, cuando en 2021 se seguían celebrando fiestas ilegales, a pesar de que el sector del ocio permanecía cerrado por la pandemia.
Rojo celebró que las administraciones hayan escuchado aquello que las patronales han denunciado en numerosas ocasiones y expresó su confianza en que ahora las medidas sean efectivas y que realmente las sanciones impidan la rentabilidad de estos eventos.