PSOE y Podemos acudieron este viernes al pleno del Consell a que se crease una comisión de investigación «sobre la actuación del presidente en relación con el contrato de la campaña de promoción turística La vida islados» y salieron con la sombra de la duda de que uno de sus altos cargos en la pasada legislatura pudiera haber incumplido la ley 2/1996 de Incompatibilidad de altos cargos tras regar con dinero público una asociación, Amadiba, para la que en la actualidad trabaja.
Según señaló el conseller de Ciudadanos, Javier Torres, en una de sus intervenciones sobre la creación de la comisión de investigación dirigiéndose directamente al portavoz de Podemos, Antonio Saucedo, «a lo mejor sería interesante hacer unas averiguaciones para ver si se cumple la ley 2/1996 de Incompatibilidad de altos cargos porque, a lo mejor, nos llevamos una sorpresa». Y es que todo apunta a que la persona a la que se refería es la ex directora insular de Igualdad, Judith Romero, de Podemos, que tras su paso por el Consell d'Eivissa fue contratada por esta asociación.
El texto legislativo dice claramente, en el punto cuarto del artículo cuarto, que «durante el año siguiente a la fecha de su cese, los titulares de los cargos o puestos de trabajo a que se refieren los anteriores párrafos de este artículo no podrán realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan dictado resolución en los últimos dos años de ejercicio del cargo o función correspondiente, ni celebrar, durante el mismo plazo, contratos de asistencia técnica, de servicio o similares con la Administración de la Comunidad Autónoma».
Justamente Romero, junto a la ex consellera de Bienestar Social e Igualdad, Lydia Jurado, fueron las artífices de que el Consell firmara al menos dos contratos con la citada asociación por un valor superior a los dos millones de euros.
El vicepresidente del Consell, Mariano Juan, le recordó a los partidos de la oposición que «cuando se pasa el algodón por la cara ajena hay que venir con la cara muy limpia» e hizo mención a un informe de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares relativo a la contratación de la asociación Amadiba «en el que se constata que en la legislatura pasada hubo una contratación ilegal de un contrato público y dictamina que se exijan responsabilidades a la persona que lo adjudicó y que vulneró la ley de Transparencia».
En cuanto a los motivos por los que tanto PSOE como Podemos han solicitado la creación de la comisión de investigación, Juan lo tuvo muy claro: Lo que quieren es circo, escenificación y liturgia. Han visto que políticamente iban para atrás y han activado las cloacas».
«No sé por qué piden esta comisión», continuó el vicepresidente insular, «porque las conclusiones ya las tienen redactadas. Ya tienen el relato montado y ya se lo ha comprado algún medio de comunicación».
Juan insistió a su vez en que «ningún juez está imputando nada al Consell, sólo hay la ocultación de una denuncia y presunción de culpabilidad. Sólo ofrecen ruido y crispación y los ibicencos no piden esto, no piden basura».
La consellera no adscrita, Marta Díaz, tampoco dio su apoyo a la creación de esta comisión de investigación porque, a su entender, ni es el momento apropiado «y es una falta de respeto a la Fiscalía, que es quien realmente puede y tiene que investigar». Asimismo, criticó que esta petición sólo obedezca a intereses partidistas al estar a un año de elecciones porque, si realmente PSOE y Podemos hubieran querido aclarar algo, «tendrían que haber acudido directamente a la vía contencioso administrativa».
Por su parte el presidente del Consell, Vicent Marí, denunció que durante todo el procedimiento llevado a cabo por la Oficina Anticorrupción nadie se ha puesto en contacto con la institución para que pudiera dar sus explicaciones. De hecho, criticó que se hayan saltado todos los procedimientos exigidos por ley, ya que ni siquiera «nos han dado traslado del expediente».
Insistió en que, a día de hoy, «no hay abierta ninguna investigación» y acusó a los socialistas de «montar una denuncia basada en mentiras». «Vivimos en un estado de derecho, y el derecho fundamental es la presunción de inocencia», sentenció.
De cualquier forma, y para que se aclare definitivamente toda la cuestión de la contratación de la campaña promocional La vida Islados, Marí convocó para el próximo lunes un pleno extraordinario monográfico.