El Consell d'Eivissa sigue buscando una fórmula que le permita poder hacer frente a las facturas emitidas por la asociación Amadiba referentes a los servicios prestados en la isla de Ibiza desde el año 2017, que ascienden a casi un millón y medio de euros.
Según explicaron este martes a Periódico de Ibiza y Formentera fuentes de la institución, «actualmente se está trabajando en la resolución del expediente administrativo que permita ejecutar el pago de las facturas pendientes». Y es que, según desatacaron, en la administración «se ha de encargar un trabajo, tramitar el contrato y firmar conforme ese trabajo se ha realizado».
En el caso de las facturas de Amadiba, «constaba que se había hecho un trabajo, pero no quién lo había pedido ni qué concretamente, por lo que es lo que hay que esclarecer», insistieron desde la administración insular.
Un esclarecimiento de los hechos al que, al parecer, no está muy por la labor de facilitar el anterior equipo de gobierno de PSOE y Podemos entre los años 2015 y 2019. En este sentido hay que recordar que el propio ex presidente del Consell Vicent Torres se negó a recibir una notificación remitida por la institución insular el 15 de diciembre de 2021 para que aclarara la forma en que se realizó la contratación a la asociación Amadiba para poder hacer frente al pago de las facturas reclamadas por esta entidad. Unas facturas correspondientes a los servicios prestados en 2017 y 2018 y que ascienden a casi 1,5 millones de euros.
Negativa de Torres
Cuando el funcionario de la máxima institución se dirigió al despacho del grupo socialista en la sede del Consell para hacerle entrega de un documento con cinco preguntas para aclarar la contratación de Amadiba y, de esta forma, poder proceder al pago de los importes adeudados, Torres se negó a aceptar la notificación y a firmar la correspondiente entrega.
El cuestionario planteado desde el Consell al ex presidente pretendía aclarar quién había encargado los servicios que habían generado los importes reclamados por Amadiba. «Se ha constatado que se ha realizado un trabajo», explicaron fuentes de la institución, «que se ha atendido a una serie de usuarios de Servicios Sociales y ahora hay que determinar quién ha pedido este trabajo. Como Amadiba refiere que esto nace de una reunión con políticos, pues se ha preguntado a estos políticos», aclararon dichas fuentes.
Las cinco preguntas remitidas a Vicent Torres pretendían aclarar si había participado en la reunión en la que se encomendó a esta asociación crear la red de servicios que ella misma había diseñado y si fue el propio ex presidente el que encargó a Bienestar Social la puesta en marcha de dicha red en la isla de Ibiza.
El cuestionario incide a su vez en si el actual jefe de la oposición se comprometió en la pasada legislatura a que el Consell asumiera el coste de esta implantación y si se había realizado algún tipo de estudio económico previo para conocer cuál sería el coste de la creación de esta red de servicios.
Consideraron a su vez importante desde el Consell d'Eivissa saber si se había llevado a cabo «cualquier acto jurídico administrativo formalizando los encargos que manifiesta la entidad que recibió desde el Consell d'Eivissa».
Finalmente, el actual equipo de gobierno pretendía conocer, de boca del anterior presidente, por qué se basó esta red de servicios «en el proyecto presentado por la entidad Amadiba y no se invitó a otras entidades sociales» a presentar un proyecto similar.
Todas estas preguntas quedaron sin ningún tipo de respuesta ya que el socialista Vicent Torres ni siquiera accedió a recoger la notificación remitida por el Consell para tratar de aclarar lo sucedido con esta entidad.
El apunte
Amadiba y Romero apuntan a Vicent Torres
José María de LamoTanto representantes de Amadiba como la directora insular de Igualdad en la pasada legislatura, Judith Romero, apuntaron en sendas declaraciones juradas ante notario al ex presidente del Consell, Vicent Torres, como el valedor de la creación de la red de servicios propuesta por Amadiba. Según apuntan, todo se acordó en una reunión mantenida en la sede insular en abril de 2016 donde la asociación expuso su propuesta y Torres aseguró que «se haría», y que el dinero «no era problema». Acto seguido hizo el encargo a la consellera Lydia Jurado.