El Govern se ha propuesto cortar de raíz la proliferación de fiestas pirata que comenzaron en Ibiza y ya se extienden a casas de campo en Mallorca. El Ejecutivo ha aprobado un decreto ley que establece sanciones de hasta 300.000 euros para los incumplidores. Si la actividad se hace en una casa de alquiler vacacional, la nueva normativa posibilita la retirada cautelar de la licencia turística.
El fenómeno se ha disparado en Ibiza, especialmente durante los años de la pandemia, hasta el punto de que el Consell de la isla infiltró a jóvenes para que se sumergieran en los ambientes festivos y detectaran las convocatorias. Se organizan por canales privados de whatsapp y telegram, donde se hace la invitación.
En el informe realizado por los infiltrados se detalla el proceso: los interesados en participar deben hacer un bizum inicial y al poco tiempo se les cita en un lugar determinado donde se les recoge con un coche que les lleva al punto donde se celebra la fiesta.
Los sitios
Se hacen en viviendas vacacionales, pero lo habitual es que se realicen en grandes fincas sin actividad turística donde hay djs y barra libre. El Govern reconoce que no puede acceder a estas casas sin una orden judicial, pero la nueva normativa le permite quedarse hasta el final de la fiesta y sancionar a los asistentes. La multa mínima es de 300 euros por participar en una actividad prohibida.
También en Mallorca se han comercializado este tipo de fiestas a la que incluso se llega con minibuses. Es muy difícil controlar a los asistentes si no hay un chivatazo previo que evite la fiesta, que es lo que quiere conseguir el Govern. La consellera de Presidència, Mercedes Garrido, explica que la intención del Ejecutivo es prevenir estas fiestas que suponen un problema de seguridad y que además implican una competencia desleal para los establecimientos de ocio nocturno legalmente establecidos en la isla.
Más control
El Consell d'Eivissa ya ha anunciado que este año contratará de nuevo a detectives para tratar de evitar que se repitan estas fiestas en casas de campo.
Las drásticas medidas que ha adoptado el Govern responden a una petición del Consell de la isla, ya que no tenia competencias para tratar de erradicar este negocio y se encontraba con las manos atadas.
El nuevo decreto permite actuar contra quien organiza las fiestas, pero también contra quien participa, incluidos los djs, pero sobre todo contra el propietario de la vivienda donde se celebra, algo que ha criticado el PI ya que considera que crea una enorme inseguridad para los propietarios del alquiler vacacional. De hecho, si hay una denuncia contra un propietario y no hace nada para corregir la ilegalidad, el decreto permite que se le sancione de manera coercitiva de la misma manera que se sanciona a quien hace obras ilegales y luego no recupera el espacio original. Esa es la principal novedad de la regulación que se ha aprobado. En cualquier caso, reconocen que sigue siendo un problema para erradicar esta actividad que la policía local no pueda acceder a la vivienda si no ha un permiso del juez dada la inviolabilidad del domicilio.
El apunte
Decreto ley para que esté en vigor
El Govern ha optado por aprobar un decreto ley para que la norma entre en vigor de inmediato y se puedan adoptar las sanciones antes de que comience la temporada, que es cuando se producen más fiestas de este tipo. Esta decisión ha levantado las críticas del PI y de Cs, que creen que el Govern se extralimita y abusa de su poder en detrimento del Parlament. En este caso, el PP está de acuerdo con la medida ya que se trata de una petición consensuada en Eivissa. Las medidas están en vigor, pero deberán ser convalidadas en el plazo de un mes por el Parlament para que no decaigan. Será preciso convocar un pleno en el mes de junio con el periodo de sesiones acabado.