La sección segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a un vecino de Ibiza a una pena de 13 años y medio de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual mediante prevalimiento a una menor. Asimismo, el tribunal ha dictado una orden de búsqueda y captura ya que el condenado se encuentra en paradero desconocido.
Los hechos juzgados a finales del pasado mes de enero se remontan a un periodo comprendido entre 2012 y 2015, cuando el acusado mantenía una relación con la madre de la niña que fue víctima de los abusos entre los 10 y los 13 años.
La sentencia recoge como pena accesoria la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y la medida de libertad vigilada por un periodo de 5 años a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad.
Asimismo, impone al procesado la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 100 metros de cualquier lugar en el que se encuentre y comunicarse con ella por cualquier medio durante 17 años. En concepto de responsabilidad civil se le condena a indemnizar a la joven en 20.000 euros.
En el apartado de hechos probados, el tribunal relata que el acusado, aprovechando los periodos en los que su pareja trabajaba, y «movido por el ánimo de satisfacer su deseo sexual, sometió a la menor de forma continuada a tocamientos en la vagina». Para tal fin, «convencía a la niña para que acudiera a la cama para jugar a «cosquillas» que derivaban en tocamientos en la zona vaginal por debajo de la ropa, con introducción de los dedos en varias ocasiones. Asimismo, algunas veces le pedía que le tocara el pene consiguiendo su propósito».
La sentencia apunta que «esta conducta se convirtió en rutina y ocurría una o dos veces por semana. En otra ocasión retiró el pantalón y la ropa interior de la menor y la colocó encima de sus genitales diciéndole «vamos a hacerlo bien» sin que, en este caso, conste penetración. A partir de ese momento la menor se alejó del acusado y no se volvió a prestar a los abusos», añade.
La menor contó lo sucedido a la educadora del colegio y esta mantuvo una reunión con la madre y la niña en la que la menor reiteró su relato. Tras este encuentro, la madre echó al procesado de su casa y denunció los hechos en junio de 2016.
Como consecuencia de estos hechos la menor presenta síntomas depresivos postraumáticos y problemas de regulación emocional. La joven sigue tratamiento psicológico por los graves trastornos que el abuso sexual le ha provocado, recoge la sentencia.
El acusado consignó el pasado 10 de enero un total de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil.