Responsables de establecimientos hoteleros de Sant Antoni incluidos en la zonificación contra el turismo de excesos rechazaron este miércoles las medidas que deben cumplir y las sanciones a las que se pueden enfrentar, aunque sean sus clientes quienes no respeten la normativa.
Para empezar, estos empresarios deben pedir a los turistas que firmen un documento en el que se les informa sobre la prohibición de realizar prácticas peligrosas como el balconing. Quien incumpla, será expulsado «inmediatamente» por la dirección y deberá enfrentarse a una sanción al infringir el Decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas. Las multas podrán oscilar entre los 6.001 y los 60.000 euros.
Poco útil
A la hora de evitar accidentes, para estos hoteleros de poco sirve el documento, que además debe repartirse de manera visible por todo el establecimiento si lo que se pretende es sortear posibles sanciones. Al mismo tiempo, consideran absurdas algunas limitaciones contempladas en el decreto puesto que el turista tan solo debe cruzar una calle para tener a su alcance el alcohol.
Estos empresarios reiteraron este miércoles las dificultades que surgirán para cobrar las sanciones si la multa es recibida en el hotel, pero el turista ya ha regresado a su lugar de origen.
Ana Gordillo, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF) y de la Asociación Hotelera de Sant Antoni y Bahía, reconoció que obligar a los clientes a firmar un documento de estas características es «un tanto desmesurado y un tanto absurdo».
Según recordó este miércoles, en 2019 se aprobó la Ley contra el turismo de excesos, aunque no ha sido hasta ahora, y debido a la pandemia, cuando realmente han podido comprobarse sus efectos prácticos. «Es ahora cuando podemos expresar el malestar entre el sector hotelero por las medidas que conlleva y por lo que supone realmente la zonificación», manifestó.
Según la presidenta, el hecho de que los hoteles afectados, para evitar ser sancionados, deban exigir a sus clientes la firma del polémico papel no tiene demasiado sentido: «No creemos que sea realmente la forma de cambiar nada, si es lo que se pretende. Las medidas y actuaciones que se tengan que llevar en la zona deberían ser en positivo y en pro de mejorar y nunca para castigar o etiquetar».
Al mismo tiempo, lamentó la imagen que pueden llevarse aquellos veraneantes que pernocten en establecimientos ubicados en la zonificación, si nada más llegar se ven obligados a firmar un papel que les indica los peligros de «lanzarse o precipitarse desde lugares no adecuados a piscinas, al vacío o a cualquier otro elemento», según reza el documento en cuestión.
Competencia sancionadora
El Consell d´Eivissa aclaró este miércoles que, en su caso, solo es competente a la hora de sancionar los incumplimientos de determinados artículos de la Ley balear, siendo responsable del resto el propio Govern.
La institución insular informó a Periódico de Ibiza y Formentera que, de esta manera, se realizan inspecciones en establecimientos de la zona remarcada, aunque por ahora no se ha detectado ningún incumplimiento ni tampoco constan denuncias de la Policía Local o de los inspectores del Govern que deberían haber llevado a cabo, según el Consell, diferentes controles.
Preguntado el Govern balear sobre las posibles sanciones interpuestas, desde Turismo aseguraron ayer que las competencias sancionadoras recaen sobre el Consell y que ellos, en ningún caso, cuentan con «ningún tipo de inspección turística en Ibiza».
El Consell d´Eivissa recordó también que, por el momento, desde la entrada en vigor del Decreto solo se ha registrado un caso de balconing, aunque fue en un establecimiento situado fuera de la zonificación.
Entre los diferentes incumplimientos sobre los que el Consell puede actuar, destaca la prohibición de organizar, vender o realizar las denominadas rutas etílicas o pub crawling, donde el objetivo es recorrer locales de ocio en los que se incluyen consumiciones de bebidas alcohólicas de forma continuada y en un mismo día.
Además, los establecimientos turísticos, bares o restaurantes incluidos en la zonificación deberán adoptar medidas para impedir que los usuarios extraigan bebidas alcohólicas para consumirlas fuera del local.
Decreto
Desde su presentación, el Ayuntamiento de Sant Antoni y los hoteleros de la localidad han rechazado el decreto que pretende acabar en las islas con el turismo de borrachera, negando también que el núcleo urbano de Portmany sea comparable a lugares como Magaluf.
Con la normativa, se prohíbe en determinadas calles del West End el ‘todo incluido' de alcohol y la publicidad referida a su consumo, así como la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de la zona entre las 21:30 y las 8.00 horas.
Tras conocer los detalles de la norma, empresarios de las calles afectadas solicitaron públicamente que el Decreto se amplíe a otros puntos de la isla y evitar así ser los únicos perjudicados por las distintas medidas implantadas.