El Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ha decretado la apertura de juicio oral contra los cuatro responsables civiles directos de unas obras ilegales ejecutadas en el término municipal de Sant Joan de Labritja. En concreto, los acusados son los representantes de las empresas Mirenview SA, Cobalto SL, Taller de Arquitectura Bruno Erpicum y Socios SL y Contratistas Mallorquines Asociados (Comasa) y han sido investigados por un presunto delito contra la ordenación del territorio, solicitándose para cada uno de ellos una pena de tres años de prisión, así como multa durante 18 meses con una cuota diaria de 10 euros.
También se les pide pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la construcción por un periodo de tres años. La resolución, de marzo de 2022, ha trascendido ahora.
En el documento, se solicita a los investigados que, de manera subsidiaria, lleven a cabo la demolición de las obras que ejecutaron sin licencia, con la restitución del suelo a su estado anterior bajo la supervisión, control y conformidad de los servicios técnicos municipales de Sant Joan de Labritja y de la Conselleria de Medio Ambiente del Consell de Ibiza. También se requiere a cada uno de ellos fianzas de entre 40.000 y 20.000 euros para garantizar posibles responsabilidades pecuniarias, así como para cubrir la demolición de los trabajos.
En relación a otras partes sometidas a juicio (El Mostafa El Enrani y Excavaciones Sa Carroca), se ha decretado el sobreseimiento provisional de sus actuaciones puesto que el Ministerio Fiscal considera que su intervención se limitó a la ejecución de los trabajos bajo la dirección de la empresa subcontratista, careciendo su participación de relevancia penal.
En concreto, las construcciones ilegales fueron ejecutadas en la finca Can Terracavat, en Sant Joan. Las obras consistieron en movimientos de tierra y eliminación de la cubierta vegetal produciéndose la modificación topográfica del terreno, lo que afectó a una superficie de 600 m2. También se llevó a cabo la construcción de muros de piedra para el cerramiento de la finca, valla metálica, apertura de viales o construcción de un depósito de agua, además de ejecutarse obras de reforma y ampliación en una de las viviendas, creándose incluso una planta semisoterrada y un acceso al mar.
Para la realización de los trabajos, se contaba tan solo con una licencia de obra menor. El proyecto se ejecutó en terrenos con diferentes niveles de protección, siendo suelo rústico situado en Área Natural de Especial Interés, así como zona de protección territorial de costa.
En la resolución judicial, se destaca que las obras son «completamente ilegalizables», extremos conocidos por los acusados. Por ello, el Consell de Ibiza, en junio de 2020, ya inició el expediente sancionador suspendiendo los trabajos de manera cautelar y obligando al restablecimiento de la legalidad física alterada en el plazo de un año.