La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, no parece estar dispuesta a regular los controvertidos fondeos en la bahía de Talamanca. Así se desprende de la respuesta que esta administración ha remitido a la Asociación de Vecinos de Talamanca, presidida por Ana Lledó, y en la que asegura que el de los fondeos es un «asunto complejo» en el que «participan muchas administraciones».
El Ayuntamiento de Ibiza presentó en la pasada legislatura un proyecto para esta regulación que, entre otras cuestiones, contempla la creación de unos 90 puestos de atraque en la bahía, distribuidos de tal manera que no afecten a las praderas de posidionia. El Consistorio, además, ha mostrado en algunas ocasiones su intención de gestionar estos atraques, si Transición Ecológica da el visto bueno al proyecto. Sin embargo, la respuesta que ha ofrecido Costas a la Asociación de Vecinos de Talamanca no invita al optimismo en este sentido.
En un mensaje firmado por la jefa de la demarcación, Almudena Domínguez, y dirigido a la asociación vecinal recientemente, Costas recuerda que los anclajes sobre las praderas de posidonia están prohibidos «por su propio RD (real decreto)». Pero también señala que «hay muchas prácticas en el mar que no están prohibidas». En el mismo escrito, al que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, Domínguez subraya que los fondeos en Talamanca dependen no solo de esta administración. Así, señala que «la competencia sobre navegación y seguridad es de la Capitanía Marítima», mientras que «el que los lugares públicos de baño sean seguros y estén limpios» depende del Ayuntamiento de Ibiza. «Los permisos para navegar son de la Conselleria de Movilidad», añade, «las cuestiones medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente». Y, por si no fuera suficiente, prosigue: «Lo referente a puertos estatales [depende] de la Autoridad Portuaria y autonómicos de Ports IB y las ocupaciones en dominio público marítimo terrestre (como pudiera ser un punto de fondeo) son de este Ministerio a través de la Demarcación de Costas».
La jefa de la demarcación de Costas en Baleares recuerda que esta administración «solo puede sancionar con ocupaciones de más de 24 horas». Ocupaciones que, asegura, «rara vez se produce». Por ello considera «muy difícil» demostrar estos fondeos y sancionarlos. Sobre todo teniendo en cuenta que las sanciones serían muy reducidas porque, según la Ley 22/1988, se establecen «por metro cuadrado de ocupación». «En el caso de un fondeo», concluye, «es ínfimo».
El proyecto de Vila
Domínguez admite en su mensaje que Ports de Illes Balears y «los ayuntamientos de turno»trabajan «en los últimos tiempos» para lograr este tipo de regulaciones. E indica que «deben ser estas instancias» las que las promuevan. Lo hace sin mencionar el proyecto del Ayuntamiento de Ibiza y a pesar de que Costas ha solicitado en dos ocasiones al Govern balear informes sobre esta cuestión. El primero de ellos, emitido a finales de la pasada legislatura, fue desfavorable. Según se señala en el mismo, el Govern consideraba entonces que Ibiza ya cuenta con atraques suficientes y los cifraba en 1.400 distribuidos entre las diferentes dársenas deportivas de la isla. Una consideración basada en una orden de Medio Ambiente de 2013 según la cual «únicamente se permite ocupar el dominio público marítimo-terrestre para las actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación».
En el mismo informe, además, se indicaba que el campo de boyas propuesto por el Ayuntamiento de Ibiza «está muy cerca de una zona de protección ambiental» en la que, según un decreto de 2018, relativo a la conservación de las praderas de posidonia, «queda prohibido con carácter general el fondeo» sobre estas.
El Govern, finalmente, criticaba el alto número de embarcaciones previstas por el proyecto municipal pues dificultaría «regular el vertido de residuos o de sustancias contaminantes, tanto líquidas como sólidas desde los barcos y lo que eso supondría para la bahía».
Ya en la actual legislatura, en octubre de 2019, Costas volvió a solicitar al Govern que se pronunciara sobre el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Ibiza. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente señalaron este viernes sobre este segundo estudio que sí es favorable «aunque con alguna condición».
Mientras tanto, la realidad es que entre julio y agosto, según ha señalado este viernes la presidenta de la Asociación de Vecinos de Talamanca, Ana Lledó, «se han visto más de 400 barcos a diario fondeados en la bahía». «Cada año hay más», lamentó, «tiran ahí toda la porquería y por eso Talamanca está muy sucia». Lledó, que recordó que la asociación «lleva años» pidiendo una solución tanto al Govern como al Gobierno central, lamentó la respuesta de la Demarcación de Costas: «Parece el camarote de los hermanos Marx». «Mientras ellos se pasan unos a otros la pelota», afirmó, «aquí estamos como estamos. Muchos barcos abren las sentinas y lo tiran todo al mar. Algunos, incluso, hacen trabajos de varadero en la bahía. No hay ningún control de nada y ahora esta respuesta de Costas…», concluyó.
El apunte
Los vecinos llevan años exigiendo soluciones al fondeo
Gisela RevellesLa presidenta de la Asociación de Vecinos de Talamanca, Ana Lledó, ha recordado este viernes que esta entidad ha pedido «desde hace años» soluciones al problema de los fondeos ilegales en la bahía. Respuestas que «nunca han llegado». Fue necesario, aseguró, «amenazar en nuestro último mensaje con recurrir a la Fiscalía para que Costas haya enviado este mail». «Es verdad que el mensaje de Costas no sirve para nada», reflexionó, «pero, al menos, han contestado. Aunque para ello haya sido necesario decirles que, si no lo hacían, iríamos a la Fiscalía».
El presidente honorífico de la entidad, José Colomar, indicó, por su parte, que el problema de los fondeos es «de inseguridad». Pero también «de suciedad» y de conservación de la posidonia. Y recordó que el destrozo que sufre esta planta por culpa de los fondeos tiene consecuencias como la de «que el agua de la playa esté amarillenta por el yodo que desprende». Por ello se mostró partidario de acciones «más contundentes» por parte de la asociación para «obligar» a las administraciones a tomar medidas sobre la bahía.