El concejal de Movilidad de Vila, Aitor Morrás, ha sido el encargado de defender en el Pleno celebrado este jueves en el Consistorio la controvertida contratación de Vicente Torres Benet, portavoz del PSOE en Santa Eulària, como director municipal de proyectos. Morrás ha justificado este contrato, que supone un salario bruto anual superior a los 44.000 euros, en el hecho de que Torres Benet esté gestionando las ayudas europeas que percibe el Ayuntamiento. El mismo argumento ha utilizado para justificar la contratación de dos consultoras privadas con el mismo objetivo.
Morrás ha criticado al PP por calificar de «despilfarro» este gasto y ha asegurado que el mismo se explica porque, entre los fondos EDUSI y los Next Generation, Vila ha obtenido 18 millones de financiación extra para diferentes proyectos. El edil ha respondido así a una moción de control presentada por el PP con la que los populares pretendían obtener explicaciones concretas sobre cómo está gestionando el Ayuntamiento el acceso a los Next Generation.
Ha sido el concejal del PP Ignacio García el responsable de plantear las cuestiones ante el Pleno. Así, ha pedido al Gobierno presidido por Rafa Ruiz claridad y concreción en cuanto a los proyectos presentados a esta línea de ayudas puesto que ha asegurado que, hasta ahora, «cada vez que se ha solicitado esta información, se ha dado una respuesta diferente». García, que ha recordado la importancia «histórica» que tienen las convocatorias de los Next Generation, ha sido especialmente crítico con la contratación de Benet y de las consultoras porque, de momento, el resultado de su trabajo no ha tenido el éxito esperado. En este sentido, el concejal del PP ha insistido en que Vila ha presentado proyectos por valor de 31 millones de euros a los Next Generation y solo ha logrado una financiación de 8 millones. De 17 proyectos presentados, solo se ha logrado la aprobación de seis. También ha criticado que el Gobierno municipal presuma de haber obtenido ayuda económica para otros proyectos cuando, en algunos casos, el dinero procede de los fondos europeos EDUSI y es anterior a las convocatorias de los Next Generation. En otros, como en el caso de la creación de 67 plazas de educación infantil de 0 a 3 años, se trata de dinero ya acordado con el Govern balear antes de la pandemia de COVID-19. «No es algo que hayan hecho ustedes con paciencia y fina observación», ha comentado Ignacio García.
El edil ha exigido a Ruiz «el cese de Benet» y ha insistido en que tanto su fichaje como la contratación de dos consultoras «son un despilfarro» cuando «este trabajo podrían hacerlo perfectamente funcionarios del Ayuntamiento».
A estas críticas ha respondido Morrás arremetiendo contra la política de contratación de cargos de confianza del Consell d'Eivissa, gobernado por el PP. «El Consell», ha asegurado, «tiene hasta un director insular de movilidad personal, es decir, de patinetes». Y ha añadido: «No son ustedes quienes para hablar de buena gestión».
El portavoz de Ciudadanos, José Luis Rodríguez, ha recordado, por su parte, que esta formación ya exigió la comparecencia de Torres Benet ante el Pleno para conocer sus funciones. Algo que rechazó el alcalde Ruiz. Rodríguez ha calificado la estructura creada por el Ayuntamiento para la gestión de los fondos europeos como «insuficiente» y ha alertado de que, si no se hace correctamente, Vila corre el riesgo de tener que devolver el dinero a la UE. «Aquí se van muchos millones de euros al remanente porque no se ejecutan los proyectos», ha recordado a modo de advertencia el concejal de Ciudadanos.
El apunte
Vila exige al Consell que redacte el reglamento de las escoletes en un mes
El grupo municipal del PSOE presentó ayer ante el Pleno de Vila una moción destinada a instar al Consell d’Eivissa a que redacte en el plazo de un mes un reglamento para regular el funcionamiento de las escoletes privadas en el municipio. La concejal de Servicios Sociales, Carmen Boned, explicó que, en estos momentos, este tipo de establecimientos solo necesita una licencia de actividad para poder entrar en funcionamiento. Además, el Parlament aprobó por unanimidad en 2018 una proposición no de ley en la que se obliga a las instituciones insulares a redactar esta norma.
Aunque la propuesta salió adelante con los votos socialistas y de UP, el PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. La popular Carmen Domínguez calificó la moción de «imposible de cumplir» y recordó que el anterior gobierno insular, del PSOE y UP, «tuvo 16 meses para redactar este reglamento y no lo hizo». Domínguez ofreció una moción alternativa que no fue aceptada por los socialistas.