El Colegio balear de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria exigirá al Govern que «apruebe con criterio» su propuesta de ejercer como aval en la compra de primeras viviendas.
Al igual que instituciones como el Consell de Formentera, desde el Colegio pedirán que la medida se adapte a la realidad de Ibiza y Formentera, incrementándose el precio máximo del inmueble a adquirir fijado en estos momentos en 270.000 euros, una cantidad irrisoria teniendo en cuenta el coste de cualquier piso o casa en las Pitiusas.
Precisamente, el anuncio del Govern surge de una vieja propuesta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Para aunar posturas ante el Ejecutivo, los representantes de los diferentes colegios en las islas se han reunido esta misma semana.
El delegado en las Pitiusas y delegado de API Baleares, Jeffrey Fernández de Bobadilla, reconoció ayer «no saber nada de la letra pequeña» de la propuesta del Govern, una medida que nunca debería impulsarse por cuestiones políticas, sino solo con la finalidad de solventar el problema residencial que existe en Baleares.
«Lo importante es que la medida se haga bien, isla por isla, porque con 270.000 euros, en el caso de Formentera, no da ni para un estudio. La propuesta está muy bien, la aplaudimos, pero nos tienen que explicar y consensuar cómo debe hacerse», lamentó el delegado.
Fernández de Bobadilla también puntualizó que si el Ejecutivo de Francina Armengol tiene previsto una partida determinada para impulsar esta acción -entre 15 y 20 millones- serán pocos los beneficiarios si se tienen en cuenta los precios en las islas.
El delegado reclamó que la medida se lleve a cabo «de manera consensuada» porque «si hacen una normativa rápida y la hacen mal, al final pasará como con otras normas que se han sacado y que no han servido de nada porque han sido parches. Si no se hace bien, será una norma que nace muerta».
Por ello, estos profesionales exigieron reunirse con el Govern con el objetivo de perfilar la propuesta anunciada hace unas semanas por la presidenta Francina Armengol.
También desde la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (APIBIZA) confirmaron ayer que, en Ibiza y Formentera, con ese tope de 270.000 euros «no se encuentra nada».
Medidas
En la reciente reunión, el Colegio balear de Agentes de la Propiedad abordó también un paquete de medidas que actualmente está elaborando y que pretende aprobar en breve. Con ellas, tratarán de minimizar la falta de vivienda en Baleares. «En teoría, dichas medidas habría que aplicarlas en su conjunto para que tengan efecto», puntualizó Fernández de Bobadilla.
Según explicó, es la manera de poder incidir sobre el mercado y sobre los precios. «Hay que hacer muchas cosas, pero todas a la vez. Si haces una y al cabo de unos meses otra, todo se va diluyendo porque la segunda contrarresta la primera. Si lo cierras por todos lados, es la manera de conseguir algún objetivo», reiteró el delegado de API.
El delegado recordó que este paquete de medidas comenzó con 48 propuestas y ya incluye 56, centrándose en peticiones como cambiar artículos de la Ley de arrendamientos urbanos «porque no tiene en cuenta la estacionalidad de Baleares».
«El Govern, esto no lo puede cambiar, pero sí puede solicitar que se tenga en cuenta la especificidad de las islas», insistió.
Una vez perfilado, desde API presentarán públicamente este paquete de medidas.
Acreditar la residencia
Hace unas semanas, el Govern balear comunicó que avalará la compra de la primera vivienda para ciudadanos de las Islas y los bancos concederán el 100% de la hipoteca. Entre las particularidades de la medida anunciada por la presidenta del Ejecutivo, Francina Armengol, se destacó que solo podrán beneficiarse de esta ayuda quienes puedan acreditar al menos cinco años de residencia en Baleares o quienes adquieran una casa que cueste menos de 270.000 euros.
El pasado lunes, el Govern anunció que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) será quien avale la compra de la primera casa para facilitar la concesión de hipotecas de inmuebles con ese precio máximo de 270.000 euros a personas con una renta anual no superior a 68.500 euros, o 73.400 euros en el caso de parejas.
En conocidos portales inmobiliarios, hace dos semanas solo dos pisos en Formentera cumplían con el requisito económico planteado por el Govern. En el caso de Ibiza, los futuros compradores podían tener más suerte puesto que los mismos portales inmobiliarios ofrecían más viviendas de segunda mano y de nueva obra por menos de 270.000 euros. La mayoría eran apartamentos de una sola habitación en localidades como Sant Antoni o Sant Josep.
Preguntado el Govern por si contemplaba aplicar en la nueva propuesta alguna especificidad para las Pitiusas, desde el Ejecutivo balear no pudieron confirmar si van a tener en cuenta el elevado coste de la vivienda en Ibiza y Formentera.