La ausencia de las socialistas Elena López y Desirée Ruiz Mostazo del Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Ibiza facilitó que el PP pudiera sacar adelante, con el voto a favor de los dos ediles de Ciudadanos, una moción contra la okupación y en la que se insta al Gobierno central a, entre otras cuestiones, modificar el Código Penal en sus artículos 245 y 269 para «endurecer las penas» contra quienes ocupen inmuebles, sobre todo en el caso de las mafias.
El concejal del PP Ignacio García fue el encargado de defender esta propuesta, según la cual «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos». Y es que, recordó el edil, el derecho a la propiedad privada «es sagrado» porque, «si cae, cae un pilar básico de la democracia». García recordó que, en 2021, fueron okupadas en las Islas un total de 509 viviendas y defendió que los afectados por este problema deben tener garantizado «el desalojo inmediato» del inmueble «en caso de que la situación sea de flagrante delito». También señaló que es necesario que debe ser recuperado «el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de tres a cinco años para que se puedan tomar medidas cautelares». Y planteó otra modificación legislativa para impedir que los okupas puedan empadronarse en la vivienda okupada.
El concejal de Vivienda, Aitor Morrás, rechazó todas las propuestas del PP, aunque sí admitió que existen «mafias que se aprovechan de la situación» y aseguró que su partido «nunca» defenderá esta opción. Morrás también recordó que «existen muchas personas que no tienen suficiente para pagar el alquiler» y que esto no es una okupación, aunque también admitió que se trata de «un problema grande para las familias que tienen pocas propiedades y una hipoteca».
Morrás aseguró que «hay que actuar de la forma más diligente posible sobre esta situación». Pero acusó a la Justicia de ser lenta y recordó que «la mayoría de las ocupaciones» se producen en inmuebles de bancos y fondos buitres.
Dice el juez decano de Caceres, que la okupaciòn es allanamiento de morada y que la policia puede actuar desde el minuto cero cuando la okupaciòn es reciente,incluso en segundas residencias.Asimismo,afirma que la Fiscalia publico una instrucciòn en septiembre de 2020 por la que la policia puede actuar por su propia autoridad desde el mismo momento en que se interpone la denuncia. Evidentemente esto no concuerda con lo que estamos viendo un dia si y otro tambièn. Yo tengo claro que la ley no es igual para todos, y que si la okupaciòn ocurre en una propiedad de personas con autoridad, las leyes pueden cantar misa porque el okupa saldrà al momento,sin necesidad de tanta burocracia ni de causar malestar al propietario.No es un problema de leyes es un problema de voluntad.Todo lo que sucede con el tema es vergonzoso,causa bochorno.