La propiedad de Casa Paola ha interpuesto un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Sant Josep al no estar de acuerdo con la valoración de las obras realizada por el Consistorio para retornar la legalidad urbanística a la finca. El alcalde del municipio, Ángel Luis Guerrero, explicó que este nuevo proceso judicial «no tiene nada que ver con la orden de ejecución» del derribo de los elementos construidos ilegalmente y ha señalado que, «como siempre, intentan dilatar el proceso, pero nada tiene que ver discutir el coste de algo que teníamos que haber tirado hace años con el hecho de que haya que tirarlo».
De cualquier forma, Guerrero recordó que la propiedad de la finca ya intentó la misma maniobra en el caso de Casa Lola y los tribunales «lo desestimaron totalmente y nos dieron la razón, y en este caso también esperamos que lo haga». Ha insistido a su vez en que con esta estratagema «no van a conseguir dilatar el procedimiento».
Según el expediente de disciplina urbanística incoado en 2016, las construcciones que se tienen que derruir en Casa Paola son un volumen de unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura que tendría un uso residencial; un aljibe de unos 75 metros cuadrados; una piscina de 100 metros cuadrados y una construcción anexa de 150 metros cuadrados cuyo uso probablemente también sea residencia. A estos casi 500 metros cuadrados hay que sumarle la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales.
Infracción muy grave
Asimismo, y según se desprende del expediente de disciplina urbanística abierto por Sant Josep, durante la visita de los celadores a las obras ilegales se comprobó también cómo reiteradamente se fueron incumpliendo las órdenes de paralización emitidas por el Ayuntamiento, «hecho por el cual se consideró a la propietaria, Inversiones Hoteleras Faro, responsable de una infracción urbanística muy grave y se le ordenó la reposición de la vivienda a su estado anterior, además de advertirle de la apertura de un expediente sancionador por estos hechos». El coste de este derribo se ha estimado en unos 105.000 euros, que se liquidarán provisionalmente por el Consistorio si finalmente tiene que asumir esta labor.
Y tras las intervenciones en Casa Lola y en Casa Paola, ambas de la misma propiedad, la siguiente en la lista del Ayuntamiento de Sant Josep para que se restablezca la legalidad urbanística es una mansión de Platges de Comte, propiedad del magnate ruso Vladislav Doronin. En este caso, la propiedad de la mansión pretendía la legalización de una serie de construcciones ejecutadas sobre la servidumbre de protección de la Ley de Costas «careciendo de licencia alguna, además de haberse excedido con creces de la licencia de obras».
Además de culebras de herradura, sufrimos la invasión de "serpientes humanas" que llevamos recibiendo desde hace décadas, y Paquita, la jeta desvergonzada, es una fuerte representante de ese NEFASTO gremio.