La Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de las Illes Balears (Amadiba) prepara un procedimiento contencioso-administrativo contra el Consell d'Eivissa para reclamar los 2,2 millones de euros por los servicios implementados en la isla a petición de la institución insular entre 2017 y 2019. La gerente de la entidad sin ánimo de lucro, Jane King, explicó que la asociación ya ha recabado toda la documentación para acreditar que los servicios se han prestado a instancia del Consell, unas pruebas que ya están en manos de un abogado para emprender la vía jurídica. «Es una solución que no queríamos poner en marcha. Esto lo podríamos haber hecho hace varios años, pero confiamos en que se podría alcanzar una solución. Sin embargo, vemos que pasa el tiempo y no hay avances», argumentó.
Actualmente el Consell está en proceso de estudio de la deuda. Un procedimiento complejo, según reconoce la propia King, dado que no existió un procedimiento administrativo correcto, «si existiera ya se hubiera cobrado», pero su reclamación se sustancia en la evidencia. Los usuarios existen, el Consell puso a disposición de Amadiba medios para poner en marcha los servicios y existen acuerdos firmados entre ambas partes. Entre las pruebas hay un video de una reunión entre las familias y representantes del Consell en el que la exconsellera Lydia Jurado asegura que la institución reconoce y pagará todas las facturas.
Voluntad sin resultados
La gerente de Amadiba considera que existe realmente voluntad de ordenar este tema por parte de la administración insular y explica que el actual equipo de gobierno ha dado pasos para regular la situación, «pero con voluntad no se pagan las nóminas». Es por esta lentitud por la que se ha decidido iniciar la preparación del procedimiento jurídico, a expensas de una posible resolución administrativa por la que el Consell reconozca la deuda y la pague. «Deseo de verdad que no tengamos que llegar a la vía judicial, pero ya hemos decidido prepararnos para lo peor», aseguró King.
Los servicios jurídicos contratados por Amadiba, advierten que la puesta en marcha de la vía judicial implicará emprender acciones contra todos los responsables de que este proceso no cumpliera con la legalidad, es decir, los responsables políticos del ejecutivo de aquel momento, formado por PSOE y Podemos. Estos mismos servicios consideran que las facturas se podrían llevar a reconocimiento de Pleno, dado que «la evidencia existe, pero falta la formalidad». Por parte del Consell d'Eivissa explicaron que se han recabado todas las alegaciones presentadas por las partes en el procedimiento de toma en consideración de la deuda con Amadiba y que actualmente están en proceso de valoración de las mismas.
Deudas a Pleno
Por otra parte, King explicó que los conciertos firmados con el Consell por una vivienda supervisada (2019) y el centro de día (2020) expiraron tras el año de duración estipulado sin que se hayan renovado. El Consell sigue pagando los servicios a través de reconocimiento de Pleno, pero la gerente indica que esta situación irregular les suponen limitaciones importantes. Por un lado, impide que se cubran las plazas libres establecidas en el concierto «porque ya no existe». Esto hace que los usuarios en lista de espera no puedan acceder a los servicios a través de la administración.
«Tenemos a una chica, a la que se atiende desde 2017 y que está la primera de la lista, pero no se le puede adjudicar la plaza por este tema de un servicio que tiene reconocido». Por otra parte, el hecho de no tener un concierto actualizado hace que se esté prestando el servicio con los precios de 2017, «con el aumento de costes que hemos sufrido estos últimos años y que estamos cubriendo nosotros». King apunta que desde el Consell justifican esta situación por la «inminente» puesta en marcha de la Cartera de Servicios, que dará cobertura a todos estos conciertos. La gerente, sin embargo, asegura que todos estos servicios ya están amparados por la Cartera Básica de Servicios Sociales de Balears, que ya ampara la concertación por parte de las administraciones locales.