El presidente de la Confederación nacional de pequeñas y medianas empresas (Conpymes), José María Torres, ha recordado este jueves en Ibiza la importancia de contar con un régimen sancionador para lograr que las facturas se abonen dentro de un plazo de tiempo razonable puesto que el impago es «una lacra que afecta a la viabilidad» de muchas empresas, restándoles competitividad y provocando que muchas estén en riesgo de cerrar. «El transporte ya lo tiene y está solucionando que se paguen las facturas en los plazos que marca la ley», incidió.
Además, cuestiones como la reforma de la morosidad o cómo afectarán a las pymes nuevas leyes europeas, fueron otras cuestiones abordadas en Ibiza. Torres también defendió la importancia de lograr una mayor representatividad de las patronales para terminar con esta «anomalía»existente en España, logrando que se democratice una pieza «fundamenta» como es el diálogo social. Según advirtió el presidente de Conpymes, en Bruselas ya se trabaja en ello y, si aquí no se democratiza esta cuestión, «sacarán los colores a España porque no puede ser que una organización tenga el monopolio de la representatividad».
Sobre la situación económica actual, Torres lamentó que hay unas 300.000 empresas en el país en peligro de cierre y, por tanto, es «fundamental» mejorar el tema de la morosidad. «Casi un 30% de las pymes que van a cerrar es por no cobrar en los plazos que marca la ley», reiteró.
Torres ha visitado este jueves el Consell d´Eivissa acompañado del vicepresidente de Conpymes y presidente de la Pequeña y Mediana Empresa pitiusa, Alfonso Rojo, con el objetivo de «poner en valor» a las diferentes patronales del país. «Ir más allá del ámbito local nos permite saber que es mucha más la fuerza que tenemos. Decidimos hace dos años agruparnos diferentes asociaciones a nivel nacional y lo que estamos buscando es ese espacio que, según creemos, nos corresponde para estar bien representados», declaró Alfonso Rojo.
Aunar esfuerzos
La patronal recordó que muchas normas y cuestiones que les afectan en el día a día no se deciden en las Pitiusas, sino en clave nacional o europeo, así que es conveniente aunar esfuerzos.
Rojo reiteró que siguen trabajando para mejorar su representatividad, «inmersos en conseguir estar dentro de la Mesa de diálogo social nacional, que son ligas mayores». En este sentido, aclaró que tienen derecho a pugnar por ello, principalmente si se tiene en cuenta el número de representados. «Dependemos de unas decisiones políticas que no acaban de llegar y creemos que ya deberían estar encima de la mesa», señaló.
Rojo explicó además que las patronales saben perfectamente que, con la delicada situación económica actual, la población en general, y las empresas en particular, se verán resentidas. Por ello, deben protegerse para que «este problema tan grande que tenemos de inflación destruya la menor cantidad de empleo posible».
«Estamos en nuestra situación normal, en nuestro invierno y temporada baja, que es además de mucho análisis sobre lo que está por venir. Ahora mismo hay mucha incertidumbre», consideró el presidente.
Tras recordar que vienen de una temporada «de éxito», Rojo lamentó que «la rentabilidad para las empresas ha sido muy mala», todo por el aumento del coste de las materias primas o de los suministros energéticos, imposibles de suponer a comienzos de temporada. También expresó su preocupación por la «inflación galopante» que no solamente afecta al país, sino al resto de Europa.
«Nos puede hacer tener una primavera convulsa», lamentó.
También el presidente honorífico de Conpymes y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Julio Villaescusa, se refirió ayer en Ibiza a la situación de su sector y explicó que, últimamente, los graves problemas se han visto aminorados porque «se han recibido ayudas como no se habían recibido nunca». Más importante que las prestaciones, según consideró Villaescusa, son los cambios estructurales en la cobertura jurídica para el sector del transporte en España. «No hay ningún otro país en el que su Gobierno de turno haya establecido una protección jurídica como la que tenemos en España», concluyó.