El Govern balear no pudo precisar ayer si se podrán clausurar pisos turísticos ilegales; de quién depende esta medida y, por tanto, si se podrá dar respuesta a la solicitud planteada por el Consell d´Eivissa en diferentes ocasiones. Desde la Conselleria de Turismo del Govern puntualizaron que es el Consell d'Eivissa el que tiene las competencias en alquiler vacacional, aunque desconocen a quién corresponde una actuación como la reclamada desde Ibiza. Tampoco la Conselleria de Función Pública pudo aclarar de quién depende esta medida.
El Consell d´Eivissa recordó este pasado miércoles que una de sus aspiraciones pendientes es que el Govern acabe aceptando una modificación normativa para poder llegar a cerrar los pisos turísticos ilegales detectados en la isla. La propuesta se la habría hecho llegar la institución insular al Ejecutivo autonómico en diferentes ocasiones, por lo menos tres. Según puntualizó ayer el vicepresidente y conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, la primera vez que solicitaron la clausura de pisos turísticos fue en el debate de propuestas presentadas al Decreto ley 8/2020, de medidas urgentes y extraordinarias con motivo del Covid. También se planteó en sede parlamentaria al debatirse la ley 2/2020 e incluso se pidió incluir la medida en el Decreto ley sobre fiestas ilegales.
Desde el Consell recordaron que la tercera vez se planteó la sugerencia a través de la Conselleria de Función Pública y fue el propio presidente Vicent Marí quien trasladó al Govern la voluntad del Consell d´Eivissa.
«Solo poniendo multas no conseguiremos atajar esta lucha. Las administraciones tenemos que poder cerrar los pisos turísticos y por eso el Govern tiene que modificar la ley y hacer caso a la propuesta que le ha hecho el Consell d´Eivissa para frenar esta actividad desde el momento en el que se denuncia. Hay que cerrarlos cuando son denunciados», afirmó este miércoles Juan. Para el vicepresidente y conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, es la «única manera» de enviar un mensaje «contundente» a los infractores.
También el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, recordó ayer que es el Govern quien tiene la potestad para legislar y cambiar la ley, permitiendo el cierre de los pisos turísticos ilegales. Por tanto, todo depende de la voluntad política del Ejecutivo balear.
Costa consideró que estos alquileres ilegales equivalen a una actividad económica irregular y así, los comercializadores se lo pensarían dos veces antes de sacar provecho de viviendas turísticas no permitidas.
La lucha
El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, recordó que una de las prioridades de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha sido canalizar todos los expedientes sancionadores y multiplicar la recaudación de las multas con respecto a la legislatura anterior. También señaló que desde la Oficina se han articulado propuestas, algunas de ellas aceptadas por el Govern, para mejorar la Ley turística. En este sentido, consideró que las sanciones, gracias a ello, han podido doblarse y pasar de 20.000 a 40.000 euros.
Juan recordó además que los inspectores pueden ahora realizar reservas de incógnito y hacerse pasar por turistas, lo que ha mejorado «mucho» la eficacia de sus servicios. «Con los mismos inspectores se pueden realizar muchas más inspecciones efectivas», insistió. La lucha en Ibiza contra los pisos turísticos ilegales ha sido motivo de discusión en incontables ocasiones entre gobierno y oposición. El pasado verano, Mariano Juan ya advertía de que «mientras la izquierda no apoye nuestra propuesta de clausurar los pisos turísticos ilegales, el problema seguirá presente».