El «mayor problema» que padecen las islas es la falta de vivienda y, ante ello, los constructores de Baleares reclamaron a las instituciones «políticas realistas».
El presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), Luis Martín, lamentó ayer que en ninguna de las islas hay disponibilidad de suelo para construir viviendas asequibles, un problema que se agrava en el caso de Ibiza y Formentera y que viene provocado por 14 «restrictivas» modificaciones legislativas impulsadas durante la legislatura y que han provocado la retirada de suelo del mercado.
Martín reconoció que en los grandes núcleos es donde existe mayor presión y, por tanto, donde se agrava esta problemática, siendo Palma e Ibiza los lugares más afectados. «En Ibiza los precios se han desaforado. La influencia del mercado de segundas residencias ha sido muy importante y no ha habido nueva generación de suelo», insistió. También consideró que «la vivienda asequible necesita que el suelo sea económico», aunque en Baleares el precio se ha incrementado hasta un 70% en los últimos años.
«Reclamamos que se haga una política de vivienda realista», manifestó.
Los constructores lamentaron ayer que tan solo «se dé vueltas a restricciones y regulaciones interpretativas, con licencias que acumulan tremendos retrasos, y no preocupándonos por el problema real, que es cómo se puede disponer de suelo económico».
Burocracia
El presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares aseguró tener constancia de algún proyecto previsto en Ibiza que «lleva años sin desarrollar» por cuestiones relacionadas con trámites urbanísticos. «Estos retrasos terminan encareciendo el proyecto y los inversores acaban retirándose», lamentó.
Los constructores plantearon una serie de soluciones como edificar sobre la ciudad, aunque para ello deban replantearse alturas o adaptar la legislación a la realidad actual. «Seguimos con pisos de más de 100 metros y es posible que la sociedad actual demande una vivienda más pequeña», afirmaron desde la patronal.
Estos profesionales también reclamaron un «consenso entre partidos», con un acuerdo entre las principales formaciones para llevar a cabo planteamientos urbanísticos que permitan disponer de ese suelo, cambiando así posibles criterios «electoralistas o políticos». Convocados por la Comisión de Construcción de CAEB, distintas asociaciones y patronales de Baleares se refirieron ayer a las intenciones del Govern de prohibir la compra de viviendas a ciudadanos extranjeros. Según señalaron, dentro del marco legal de la UE no es algo posible, por lo que tacharon la propuesta de «fuegos artificiales». También consideraron que la prohibición no mejoraría la falta de vivienda puesto que los ciudadanos extranjeros interesados en comprar en Ibiza buscan casas de más de 800.000 euros, cantidades muy por encima de las que un trabajador puede invertir en el mercado residencial. Los constructores criticaron además la puesta en marcha del aval de hasta 270.000 euros por parte del Govern para adquirir una vivienda en las islas. En este sentido recordaron que, en las Pitiusas, el precio de un inmueble es mucho mayor.
Las diferentes asociaciones de Baleares relacionadas con el colectivo de la construcción lamentaron ayer la «delicada situación y el malestar creciente de un sector que se siente ignorado». Así, denunciaron que las políticas urbanísticas no están solucionando la falta de vivienda y provocan una subida de precios que está afectando a los residentes o a quienes quieren trasladarse a trabajar a Baleares.
Además, los constructores criticaron el conocido como ‘decretazo' urbanístico y aseguraron que es «la gota que ha colmado el vaso». En concreto, sobre el Decreto Ley 10/2022 de Medidas Urgentes en Materia Urbanística manifestaron que <
Un ataque frontal
«Consideramos este decreto un ataque frontal a la necesidad de vivienda asequible en Baleares», reiteraron desde el sector.
«El Govern vuelve a utilizar el Decreto Ley para legislar sin consenso ni negociación con el sector un tema tan trascendental como la viviendas», insistieron.
Según recordaron también, actualmente se construyen unas 3.000 viviendas nuevas al año, cuando el ritmo óptimo anual para poder atender la demanda sería de unas 7.000. En 2022, la vivienda nueva se encareció un 9,1%, siendo la mayor subida del país.
Entre otros datos, también explicaron que el precio de la vivienda libre en Baleares, en noviembre de 2022 alcanzó los 3.123 euros/m2, la cifra más alta de todo el Estado y que supone el doble de la media nacional.
El precio de la vivienda en alquiler en las islas subió un 14,5% durante 2022, situándose entre los más altos de España. En Baleares hay 7.317 familias a la espera de una vivienda social, mientras que solo 460 jóvenes han recibido la ayuda al alquiler de 250 euros/mes destinada a menores de 35 años (el alquiler debe ser inferior a 900 euros y el sueldo a 24.300 euros).
El apunte
El balear debe dedicar 16,4 años de su suelo íntegro
- La presidenta de los constructores, Fanny Alba, destacó algunas estadísticas que reflejan el problema de la vivienda, como que el esfuerzo necesario para la compra de una vivienda requiere 16,4 años del sueldo íntegro del ciudadano balear.
-
Se necesitarían 7.000 viviendas nuevas al año
A juicio del sector, se requerirían unas 7.000 viviendas anuales para dar respuesta a la demanda, cuando la construcción de nuevas viviendas no alcanza las 3.000 al año. Esa cifra sería factible, aseguran, en un escenario normativo acorde a sus propuestas. -
Frente común de 10 asociaciones ligadas al sector
Las asociaciones de constructores y promotores inmobiliarios estuvieron respaldadas por empresas auxiliares y representantes de otras agrupaciones ligadas al sector como los maestros pintores, los industriales del vidrio o los yeseros-escayolistas.