Los representantes legales de Francisca Sánchez Ordóñez (Paquita ‘Marsan') indicaron ayer a Periódico de Ibiza y Formentera que reclamarán el archivo de la causa abierta por las obras en Casa Lola y rechazaron las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal contra la empresaria.
Los abogados de Paquita ‘Marsan' negaron la implicación de su representada en los hechos recogidos en el escrito del Ministerio Fiscal, firmado el pasado 31 de enero.
Asimismo, apuntaron que este caso «ya fue archivado en su momento por el juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza». Los abogados de Sánchez Ordóñez apostillaron que ahora solitarán nuevamente el archivo.
Los letrados José Ramón López y Paula Sánchez indicaron que están «llevando a cabo todas las acciones de defensa que asisten a su representada» y advierten estar «ante un posible abuso de Derecho y poder absoluto». Paralelamente, el equipo jurírido de Sánchez Ordóñez «está estudiando la posibilidad de ejercer las acciones legales oportunas al respecto contra todos aquellos que pudieran ser responsables».
Tal y como avanzó este medio en su edición de este pasado sábado, la Fiscalía solicita una pena de dos años y medio de prisión, tres años de inhabilitación especial para la profesión de promotor y 24.000 euros de multa (20 meses con una cuota diaria de 40 euros) a Francisca Sánchez Ordóñez por las obras realizadas sin licencia en la propiedad conocida como Casa Lola.
Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama la demolición de todas las edificaciones alzadas de forma ilegal y la reposición del terreno a su situación originaria, abonando los gastos generados bajo la supervisión, control y conformidad de los técnicos del Ayuntamiento de Sant Josep y de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear.
Según recoge el escrito de acusación, «Francisca Sánchez, actuando como representante legal de Inversiones Hoteleras Faro S.L., realizó en 2012 una serie de obras sin licencia en unos terrenos que tenían la consideración de suelo no urbanizable, especialmente protegido y forestal en el término municipal de Sant Josep». Parte de las edificaciones ya fueron demolidas por Sant Josep, el pasado agosto, en cumplimiento de una orden judicial.