La impunidad urbanística ha acabado finalmente este martes en el complejo turístico ilegal Casa Lola en el municipio de Sant Josep con la entrada, a las 11 horas aproximadamente, de una retroexcavadora en la finca para realizar unos primeros trabajos en la zona.
Según explicó el alcalde del municipio, Ángel Luis Guerrero, el operativo para cumplir la orden judicial de entrada en la finca para restituir la legalidad urbanística comenzó el pasado lunes por la noche. Numerosos efectivos de la policía local cortaron los accesos a la finca con el objetivo de que nadie accediera al complejo. «Pensamos que nos montarían una especie de fiesta final, y en previsión de eso pedimos ayuda a la Guardia Civil», que envió a 25 efectivos al lugar, señaló el primer edil.
A las 9 horas, tal y como estaba previsto, efectivos de la Policía Local se pusieron en contacto con el personal que había en el interior para que facilitasen la entrada al complejo, ya que les amparaba una orden judicial. Ante la negativa a cooperar, un cerrajero procedió a forzar el portón de entrada a Casa Lola y numerosos efectivos policiales, dos abogadas municipales, la arquitecta municipal, un celador y técnicos de la empresa Hermanos Parrot, encargada de los trabajos de demolición.
Alrededor de hora y media más tarde salieron de la finca un total de 20 personas de origen mexicano que tenían alquilada habitaciones en el complejo turístico. Según explicó uno de los desalojados, habían estado de fiesta hasta las 6 de la mañana. Cuando llevaban un rato durmiendo «vinieron a despertarnos los policías de malos modos diciendo que tenían que tirar la casa». Y es que, ante la negativa de muchos de los clientes a permitir el acceso a las habitaciones, hubo que proceder a reventar las cerraduras y acceder a la fuerza.
En este sentido, Guerrero desveló que en el interior de Casa Lola había un total de 70 clientes, entre ellos una familia asiática de alrededor de 30 personas en la que había varios niños pequeños y bebés. «Me parece lamentable que la propiedad haya actuado de esta manera», recalcó, «ya que sabía que hoy se iba a proceder a la entrada y ni siquiera avisaron a sus clientes». De cualquier forma, resaltó que «es el modus operandi de esta persona», en referencia a la propietaria de la finca, Francisca Sánchez Ordóñez, «que sabía lo que iba a pasar y no ha dicho nada a sus clientes». Ante esta situación, tanto el Consistorio como la Guardia Civil animaron a los turistas a denunciar a la propiedad de Casa Lola por estafa. De hecho, el propio Ayuntamiento remitirá todos los informes de la intervención a Fiscalía «por si quiere iniciar una investigación», anunció el alcalde de Sant Josep.
Tres detenidos
Aunque en términos generales la normalidad presidió el acceso a la finca, la intervención se saldó finalmente con tres detenciones, todas ellas por resistencia a la autoridad. Se trata de dos personas de origen rumano, trabajadores del complejo, y un turista mexicano.
Ángel Luis Guerrero anunció a su vez que la Policía Local acompañará en todo momento a la empresa mientras realizan los trabajos de demolición, aunque no se prevé ningún operativo especial por si la propiedad volviera a cerrar el acceso. «Si lo cierra lo volveremos a abrir», recalcó. Asimismo, reconoció que se estaba valorando la posibilidad de poner vigilancia externa «sobre todo para evitar que la maquinaria sufra actos de vandalismo».
Al ser la primera vez que se ha podido acceder al interior de Casa Lola, los técnicos municipales pudieron comprobar que «no hay nada que no sea ilegal». De hecho, tan sólo hay una parte de una edificación que «es la casa original», pero sólo se podrán mantener en pie sus paredes «ya que todo el interior se ha reformado de manera ilegal». Además, los técnicos pudieron comprobar que alguno de los volúmenes habían crecido desde el año 2013, «por lo que habrá que iniciar un nuevo expediente de infracción urbanística» con todo lo que ello conlleva, indicó Guerrero.
El apunte
La demolición costará 250.000 €
José María de LamoEl Ayuntamiento de Sant Josep adjudicó los trabajos de derribo de las ilegalidades de Casa Lola a la empresa Hermanos Parrot por el procedimiento de negociado sin publicidad dado el poco tiempo que había para entrar en la finca. Se presentaron un total de seis empresas, todas ellas ibicencas, y finalmente se adjudicó por un importe de 250.000 euros, 150.000 menos de los previstos en las bases, por la demolición de los 1.892 metros cuadrados de superficie edificados ilegalmente. Las obras que vulneran la legalidad, y que son ilegalizables, consisten, entre otras, en alrededor de 12 volúmenes, tres piscinas, porches, pérgolas, almacenes y depósitos.