El PSIB-PSOE no puede disimular su enorme frustración ante la decisión judicial de citar a declarar al presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, una vez celebradas las elecciones del próximo 28 de marzo.
La operación emprendida por los socialistas para desgastar al candidato del PP a revalidar la presidencia del Consell con la llegada a los juzgados y una declaración en calidad de investigado, se ha visto malograda porque la jueza instructora ha acordado aplazar la diligencia hasta el día 2 de junio. Su gozo en un pozo.
Ese día también será interrogada la interventora del Consell, Marian Tur Díaz, quien acusa a Vicent Marí de un delito de coacciones, porque en el pleno de la institución insular la criticó veladamente, sin citarla en ningún momento, lamentando que haya «una minoría de funcionarios» que «no valoran la situación privilegiada que supone tener sus retribuciones garantizadas» y «un buen sueldo» y que «desde su despacho» no «tiene interiorizado» su deber de «servidores públicos» al cuestionar que «vivimos un estado de emergencia». A la vista de los acontecimientos, Marí se quedó corto.
Pero como, por lo visto, ni criticar a una interventora que torpedea descaradamente la actuación política de un cargo electo, que logró sortear las objeciones de Tur a través del procedimiento legalmente establecido, con otros informes a favor de la contratación por vía de urgencia de la elaboración del vídeo promocional ‘La vida islados', los socialistas vieron su ansiada oportunidad de acabar con Vicent Marí. Primero, llevar el asunto a su Oficina Anticorrupción, bajo la dirección del alto cargo mejor pagado de la Administración autonómica, designado por PSOE, Podemos y Més per Mallorca.
MANIOBRA TORTICERA
La inútil oficina anticorrupción, utilizada desde su creación únicamente para investigar a los partidos de la oposición, singularmente al PP, reenvió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción. Y el Ministerio Público interpuso una querella ante el juzgado de guardia de Ibiza. Ahora, además se ha cerrado el círculo solicitando la personación de la FSE-PSOE en la causa como acusación popular, ante la «necesidad de defender el interés general ante las graves acusaciones contra Marí por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a un alto funcionario (sic) del Consell». Que sepamos, Marian Tur no era un alto funcionario, sino una alta funcionaria, que para ser tan feministas –de boquilla–, se les va la mano usando el masculino.
DESBOCADOS
Dado que los socialistas no podrán usar la declaración de Vicent Marí con un objetivo espurio de cara a las elecciones municipales y autonómicas, usarán que no declare. Lo puso en evidencia la perorata del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern, Iago Negueruela, desde la sala de prensa de la Conselleria, que confundió con la sede del PSIB de la calle Miracle de Palma.
En un desafortunado tuit escrito el miércoles de esta semana, tras conocerse el aplazamiento de la declaración de Vicent Marí, el PSIB-PSOE se hizo eco de una noticia publicada por el digital ‘El Plural' con este texto: «Vicent Marí, la millor carta de presentació del @ppbalears per a @MargaProhens, 1r imputat del PP per corrupció al capdavant d'una institució a Balears des de l'època de Matas». Algo radicalmente falso, porque la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) es una institución pública y su presidente, designado por la presidenta del Govern, Francina Armengol, fue detenido en julio de 2020 acusado de corrupción.
Desde aquel día, yo he defendido públicamente en multitud de ocasiones la gestión de Joan Gual de Torrella al frente de la APB y vuelvo a hacerlo ahora, porque al margen de la investigación judicial, le ampara el derecho a la presunción de inocencia. Pero si los socialistas van a usar la imputación de Vicent Marí, deben hacerlo de forma rigurosa y no atribuyéndole ser lo que no es.
Además, en esa misma causa está investigado Josep Costa, hermano de Pilar Costa, quien ayer mismo ocupaba la mesa presidencial en la reunión del comité insular de la FSE-PSOE. Un investigado en un caso de presunta corrupción. Pero como es socialista, pues aquí paz y después gloria.
EL CASO MULTIMEDIA
La hipocresía del PSIB-PSOE se pone en evidencia, una vez más, cuando el conseller Iago Negueruela pide «explicaciones urgentes» a Marga Prohens y a Alberto Núñez Feijóo sobre la investigación a Vicent Marí en Ibiza, mientras en Palma el alcalde José Hila tienen al frente de la oficina de prensa del Ajuntament de Palma (donde gobiernan PSOE, Podemos y Més) a un acusado de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, en el caso Multimedia, un caso de corrupción del que se abrió juicio oral en diciembre de 2020 y para el que la Fiscalía pide 17 años de cárcel. ¿Les importa lo más mínimo a PSOE y Podemos esa circunstancia? En absoluto. Los mismos que se rasgan las vestiduras en un caso que afecta al rival político, miran hacia otro lado cuando les afecta a ellos de forma infinitamente más grave. Y conste que opino que José Juan Alcover puede y debe desempeñar el cargo hasta que sea condenado por un tribunal, si acaso eso sucede, porque hasta que eso no ocurra, es inocente. Pero ya vemos que la ejemplaridad que reclaman PSOE y Podemos para los demás, no se la aplican a sí mismos. Su hipocresía es nauseabunda y su utilización torticera de la Justicia para sus fines políticos, repulsiva.