El conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, acusó ayer al equipo de gobierno del Consell d'Eivissa de ser «poco serio» tras conocer su última propuesta de hacer una modificación legislativa para poder clausurar los pisos turísticos como medida para frenar el alquiler irregular. Negueruela recordó que hace menos de un año, tras otra propuesta de la máxima institución ibicenca en materia de pisos turísticos, se modificó la Ley Turística. «Se trabajó en aumentar las capacidades sancionadoras que habían solicitado», explicó Negueruela, «no sé si el Consell cada vez que no inspecciona lo suficiente o que no son capaces de trabajar con los elementos que nos piden van a responsabilizar a la norma que ellos mismos han propuesto cambiar hace menos de un año», segú añadió.
El conseller consideró que el foco debe estar en quien tiene las competencias de inspección. En este sentido, cargó contra el Ejecutivo de Vicent Marí por no haber puesto en marcha todavía las posibilidades que le brinda la modificación de la ley. «Si pides un cambio normativo, se hace un cambio normativo, no contratas a los inspectores durante este año, los contratas a finales de año para ponerlo en marcha durante 2023, y ahora vuelves a pedir un cambio normativo, eso no es serio», según criticó. «La norma es clara al respecto, la norma es contundente», según insistió, y lo que tiene que hacer el Consell es «ejecutar las sanciones», además de «actuar contra las personas que incumplen la normativa y poner los medios suficientes para poder erradicarlo».
Para ello, expresó que las competencias de inspección, sanción, control y «verificación de lo que está pasando son del Consell. Lo que pasa es que no sé si lo está ejecutando bien, mal o regular y lo único que hace es decir que hay que volver a cambiar la norma. Pues yo creo que las normas no se cambian cada ocho meses, sobre todo cuando la última modificación fue a propuesta del Consell y pactada con este Govern para poder facilitar la inspección y las sanciones».
El vicepresidente del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, instó por su parte al conseller balear de Turismo a que diga claramente si está a favor o en contra de esta medida. «Si Negueruela no quiere poder cerrar pisos turísticos que lo diga abiertamente. Llevamos desde 2020 insistiendo en que con multas no se puede arreglar el problema», manifestó Juan. Y es que hace años que desde el Consell se solicita al Govern una modificación normativa para poder llegar a cerrar los pisos turísticos ilegales. La propuesta se la habrían hecho llegar al Ejecutivo autonómico en diferentes ocasiones.
«Solo poniendo multas no conseguiremos atajar esta lucha. Las administraciones tenemos que poder cerrar los pisos turísticos y por eso el Govern tiene que modificar la ley y hacer caso a la propuesta que le ha hecho el Consell d´Eivissa para frenar esta actividad desde el momento en el que se denuncia. Hay que cerrarlos cuando son denunciados», afirmó en su momento el conseller ibicenco, para el que esta medida es la «única manera» de enviar un mensaje «contundente» a los infractores.
Las cifras
Hay que recordar que la máxima institución ibicenca ha resuelto en los últimos 12 meses un total de 41 expedientes en relación a pisos turísticos ilegales, recaudando en sanciones desde la creación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo un total de 1.100.000 euros. Esto supone que se haya multiplicado por tres respecto a la legislatura pasada la recaudación en multas por este tipo de irregularidades. En este punto es preciso recordar que el alquiler de pisos a turistas está prohibido en Ibiza y que sólo se permite el arrendamiento de viviendas unifamiliares a turistas, siempre y cuando estén dadas de alta como tal y hayan pagado su correspondiente tasa.
La última de estas sanciones se ha interpuesto este mismo año por un importe de 20.000 euros a un ciudadano español por comercializar una vivienda turística ilegal en pleno centro de Ibiza, concretamente, en la calle Emili Pou número 11, en el barrio de La Marina.
El responsable del inmueble lo publicitaba turísticamente en una conocida página dedicada a este tipo de alquileres y cobraba 450 euros la noche, incluyendo servicios como sábanas, televisión o Wifi, además de una tarifa adicional de 50 euros por la limpieza.
Este ‘anfitrión', como se conoce a los comercializadores de las viviendas turísticas en este tipo de páginas web, se anunciaba también en otro portal presentándose como un ‘super host', utilizando un número que no se corresponde a la solicitud de inscripción en el registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos.