El Departamento de Lucha contra el Intrusismo ha iniciado un expediente para sancionar con 20.000 euros a un ciudadano extranjero por comercializar una vivienda turística ilegal en Santa Gertrudis. La vivienda se publicitaba en una plataforma de alquileres turísticos con capacidad para 10 personas. Contaba a su vez con un calendario de disponibilidad, depósito de seguridad, horario de check in, política de cancelación de reservas y servicio de limpieza por 100 euros adicionales.
El conseller del ramo, Mariano Juan, ha asegurado que los inspectores del Consell , en colaboración con la Policía Nacional, han podido identificar a este infractor gracias al protocolo de colaboración que se firmó en 2020 con la plataforma Airbnb. De esta forma se ha podido iniciar el expediente sancionador por infracción en materia de turismo por la publicidad, contratación y comercialización de la vivienda sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa.
En este sentido la directora insular de Turismo, Naihara Cardona, ha recordado que el protocolo formado con Airbnb consiste en que la plataforma cede al Consell los datos, cuando sea necesario, de los posibles infractores. Y es que, para iniciar el procedimiento administrativo, «tienes que identificar la infracción e identificar a un infractor, y sólo de esa forma se puede llevar a cabo un procedimiento administrativo con todas las garantías».
Cardona ha insistido en que, cuando ves un anuncio en una de estas plataformas, «tú no sabes quién está detrás, por lo que es imprescindible este tipo de colaboración». Mediante este protocolo Airbnb se compromete a eliminar los anuncios de los infractores.
Asimismo, ha asegurado que la lucha contra el intrusismo en materia turística «es un trabajo continuo de ir mirando por todas las plataformas de alquiler turístico para detectar las irregularidades.
Mariano Juan ha valorado de este caso en concreto «el importante papel de la Oficina Antiintrusismo que se dedica no tan sólo a tramitar los expedientes sancionadores, sino también a proponer nuevas líneas de trabajo para atacar a los alquileres ilegales, como fue el convenio con Airbnb, pionero en España juntamente con el de Barcelona» y que permite «nuevas herramientas para luchar contra los ilegales que se aprovechan de nuestra isla».
De cualquier forma, el conseller ha insistido en que con sanciones únicamente no se acabará el problema. «El Govern tiene que aceptar la propuesta que les estamos haciendo desde 2020 para cerrar pisos turísticos ilegales cuando se denuncien, es la única manera de enviar un mensaje contundente a los infractores y evitar que esta problemática continúe», ha declarado Mariano Juan.
Desde el Consell han recordado a su vez que, desde la creación de la Oficina Antiintrusismo, se ha triplicado la recaudación de multas respecto a la legislatura pasada con 1,1 millones de euros en ordenación turística e intrusismo, y 41 expedientes resueltos en los últimos 12 meses.
Concretamente, según los datos facilitados por la institución, en 2017 se cobró de manera voluntaria en materia de sanciones por turismo e intrusismo algo más de 46.600 euros. La cifra ascendió en 2018 a casi 93.000 euros y en 2019 se situó en los 226.000 euros.
En 2020 el pago voluntario de multas volvió a bajar hasta los 208.000 euros, para situarse un año después en la cifra récord de 368.000 euros. En 2022 la cifra alcanzó los 291.000 euros.
En cuanto a la recaudación por sanciones de turismo e intrusismo remitida a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), en 2017 la cifra fue de 122.000 euros, en 2018 subió a 205.000 y en 2019 a 242.000. La cifra se disparó en 2020 con 410.000 euros, para bajar en 2021 a 232.000. Finalmente, el año 2022 se dio la cifra récord de 611.500 euros de recaudación enviada a la AEAT