Las obras ilegales detectadas en una finca de Sant Llorenç han continuado durante esta semana, a pesar de que hace días fueron precintadas, algo que su propietaria negó ayer categóricamente a este periódico.
El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja informó recientemente sobre el precinto de unas obras ilegales detectadas en Sant Llorenç de Balàfia, en la venda de Santa Llúcia de Baix, propiedad de Sánchez.
El jefe de Policía Local de Sant Joan, Marcos Marí, confirmó ayer a Periódico de Ibiza y Formentera que los precintos habían sido «violentados y manipulados», aunque se desconoce por parte de quién. Los agentes acudieron este miércoles a la vivienda para realizar una inspección, descubriendo que, a pesar de la orden policial, los trabajos seguían ejecutándose. De hecho, Marí explicó que el ruido de la maquinaria trascendía al exterior.
La Policía Local ha emitido ya un informe que será remitido a las autoridades correspondientes para definir las posibles sanciones.
Desde Sant Joan explicaron la pasada semana que las obras no son legalizables y recordaron que los trabajos consistían en una reforma integral y ampliación de la vivienda. Además, hay elementos constructivos de nueva planta que no aparecen en la foto aérea del año 2021 e incluso se habrían ampliado caminos y ejecutado movimientos de tierra, según puntualizaron también.
Dicha vivienda contaba con una licencia de obras del año 2005 para «reforma de vivienda y consolidación de forjado», una licencia «del todo insuficiente» para la ejecución de los trabajos que se han llevado a cabo.
Calificaciones urbanísticas
La finca está sujeta a varias calificaciones urbanísticas (Suelo Rústico Común – Forestal, Área Natural de Especial Interés, APR de Incendios), aunque la mayor parte de las obras podría haberse producido en Suelo Rústico Común de Régimen General.
Tras detectar estos trabajos ilegales, el Consistorio hizo una inspección el 24 de agosto de 2022 en la que constató el alcance de los mismos. De esta manera, fue el pasado 5 de septiembre de 2022, cuando el alcalde Antoni Marí decretó la suspensión inmediata de todos los actos de construcción, edificación e instalación, así como de cualquier otro acto de transformación o uso del suelo. A principios de año se advirtió por parte del Ayuntamiento la continuación de los trabajos suspendidos y el 18 de enero de 2023 se personó en las instalaciones la Policía Local, comprobando que había varios trabajadores en la zona.
El pasado miércoles 15 de marzo, el Ayuntamiento procedió al precinto de los trabajos con la intervención del arquitecto municipal y la Policía Local. El alcalde en funciones, Andreu Roig, aseguró entonces que en Sant Joan «no se va a tolerar ningún conato de especulación urbanística, ni se va a permitir que nadie se ubique por encima de la normativa urbanística».
A comienzos de año, el Consell d´Eivissa ordenó también la demolición de otra propiedad de Sánchez: una vivienda de nueva planta de 235 m2 y un anexo edificados ilegalmente en la finca conocida como Villa Rocío, en Sant Josep. Esta finca está ubicada en Suelo Rústico Protegido-Área de Protección Territorial de Costa.