La Federación Balear del Taxi ha acudido al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Transportes y a la Dirección General de Garantías Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia, para que el Consell d'Eivissa desligue la subida de las tarifas del taxi a la limitación de velocidad. Así lo anunció ayer el presidente de la Federación Balear del Taxi, Biel Moragues, que estuvo arropado por los presidentes de las asociaciones de taxistas de todos los municipios de la isla.
Moragues recordó que, a instancias del Consell d'Eivissa, el Govern hizo un decreto ley relativo a la orden de recogida única y a la tarifa única ««con la única finalidad de que no se pudiera impugnar por parte del sector ni por parte de ningún ciudadano de a pie» en la que se establecía que los taxímetros tenían que parar en caso de que el vehículo superase los 110 kilómetros por hora.
Cuando desde el Gobierno central vieron esta limitación de velocidad, se pusieron en contacto con la Comunidad Autónoma y se acordó modificar este decreto ley en lo referente a los parámetros de limitación de velocidad «dejando claro que el taxímetro no puede tener ningún límite de velocidad y que no se puede incluir ningún parámetro aparte de los cinco que se pactan» entre ambas administraciones, según precisó Moragues.
Sin embargo, según denunció ayer el sector, «el Consell saca una propuesta de tarifas en la que vuelve a introducir» un condicionamiento del taxímetro de tal forma que al alcanzar los 110 kilómetros por hora se pare». Esto se lleva para su aprobación definitiva al Consell balear del Transporte, donde se le indica a la máxima institución ibicenca que el párrafo donde se incluye la limitación de velocidad «no se ajusta a la legalidad» porque el Estado ha obligado a la Comunidad Autónoma a modificar el decreto ley que desarrolla esta normativa, por lo que se le solicita que elimine ese párrafo en concreto. «Como no es legal queremos que se elimine sí o sí», por lo que el presidente de la Federación Balear de Taxistas anunció que han presentado un escrito al Defensor del Pueblo «porque consideramos una indefensión absoluta que el sector tenga metida en la tarifa una limitación de velocidad que no se ajusta a la legalidad», además de denunciar ante la Dirección General de Garantías Constitucionales que el Consell incumple los acuerdos alcanzados entre Estado y Comunidad Autónoma.
Consideran que la solución para el sector en la isla de Ibiza no pasa por un decreto ley, sino por la creación de un área de prestación conjunta o de una mancomunidad. En este sentido, los taxistas abogan por la primera de las soluciones ya que «o bien supone la creación de un ente supramunicipal con representación de los cinco municipios participantes, lo que nos parece más plural que ceder las competencias al Consell y que el poder esté ostentado por una sola persona o un solo grupo político», aclaró Biel Moragues.
Recordaron, a su vez, que se encuentran personados en todos los expedientes de adjudicación de VTC en el Consell insular y han detectado que, en las licencias otorgadas, «hay multitud de irregularidades que consideramos que eran suficientes para que la mayoría de las autorizaciones no fuesen otorgadas».
Entre otras cosas, desde la Federación Balear del Taxi afirmaron haber detectado falsedad en los seguros de los vehículos, se ha otorgado licencia a vehículos que no tienen residencia en la isla, a empresas que no tenían disponibilidad «ni en un principio ni en ningún momento de los coches», que han tenido contactos fingidos de alquiler por cinco euros diarios a una empresa de rent a car, «cosa que no se cree nadie». Además, estos coches que se presentaron de alquiler «a los dos meses ya se habían vendido a particulares, por lo que hay particulares que, sin saberlo, tienen un coche con autorización de VTC», entre otras deficiencias.
El caso de las VTC
También consideran que se ha cometido un fraude de ley porque «el Consell ha reconocido que los VTC tenían irregularidades a la hora de concederles la licencia, y lo que ha hecho ha sido otorgar y, automáticamente, suspender la autorización». Esto ha generado que muchos de los VTC otorgados no se hayan activado en ningún momento «y una especulación brutal que hace que, en estos momentos, se está pidiendo por una autorización de VTC que pagó 40 euros de tasa en la Comunidad Autónoma o en el Consell, 135.000 euros». «Detrás de todo esto hay una especulación descomunal que ninguno se ha preocupado en investigar», denunció Moragues.
Por su parte el presidente de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Eivissa (FITIE), Toni Riera, ha lanzado una serie de propuestas a debatir con el equipo de gobierno que salga vencedor de los próximos comicios electorales, entre las que destacan la elaboración de una planificación global del transporte de la isla «que incluye VTC, transporte público de autobuses e incluso rent a car para poder saber de primera mano con qué recursos de transporte se cuentan y poder ajustar el número de taxis estacionales que se necesiten».
En este sentido, señaló que con los datos obtenidos en 2021 «vimos que en los meses de julio y agosto no llegábamos a dar un buen servicio». Tras analizar los datos decidieron un aumento de la flota en 2022 de un 10%, «y aún llegamos menos a los servicios». Volvieron a analizar todos los datos existentes y se dieron cuenta de que «se habían reducido todas las líneas de autobús, tanto en frecuencias como otras que habían desaparecido», aseguró Riera. El caso más sangrante es el del dique de Botafoc, «donde llegan cruceros, no hay ninguna línea de autobús allí y todo el peso recae sobre el taxi».
También piden un área de prestación conjunta, «que es más o menos como estamos trabajando ahora, pero con un marco legal», además de realizar un reglamento del taxi, «algo que pedimos desde hace cuatro años a la administración».
El apunte
La respuesta del Consell
El conseller insular de Transportes, Javier Torres, calificó por su parte de «muy triste» e incluso «lamentable» que el sector del taxi hiciera ayer estas declaraciones «atacando el trabajo de los trabajadores del departamento de Transportes del Consell, profesionales que han demostrado tener un gran conocimiento del área cada vez que se han tratado cuestiones sobre esta materia», en relación a la concesión de licencias VTC.
De hecho Torres recordóque para resolver esta cuestión, que era «compleja» y «sujeta a numerosas interpretaciones» se montó un equipo jurídico «con los mejores juristas del Consell para dar seguridad jurídica a todo el procedimiento y para tratar de establecer criterios claros y acordes a la normativa», consensuando a su vez dichos criterios «con otras administraciones afectadas por estas sentencias judiciales que nos obligaban a tramitar estas peticiones de licencias VTC producidas entre los años 2014 y 2015».
El conseller de Transportes dio ayer también «la bienvenida» a Biel Moragues a la campaña electoral «porque parece que quieren hacer campaña electoral», algo que no considera «positivo para el sector del taxi». Torres incidió en que se ha centrado este legislatura en tratar de mejorar la calidad del servicio del taxi «porque creemos que es la mejor manera de competir con lo que puede llegar en un futuro dentro del ámbito del transporte de viajeros a nuestra isla».
Ha indicado a su vez que se han hecho muchas propuestas en materia de VTC «para reforzar la normativa en el sentido de que se tenga que apostar por un servicio de calidad y por la competencia leal entre diferentes ámbitos y sectores», algo a lo que el Govern balear he hecho «oídos sordos» al no incorporar prácticamente ninguna de las propuestas realizadas desde Ibiza.