El Partido Popular de Santa Eulària destinará más de 5 mil metros cuadrados a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler tasado. Estos terrenos se sumarán a los 42.620 metros cuadrados que Santa Eulària ya puso a disposición del IBAVI el año pasado para construir VPO en el municipio. En total, el municipio cuenta con diferentes parcelas, que suman cerca de 48 mil metros cuadrados, que podrían destinarse a VPO en la próxima legislatura.
La alcaldesa y candidata del PP al ayuntamiento de Santa Eulària a la reelección, Carmen Ferrer, ha anunciado que la prioridad del partido es «afrontar un gran problema, como el que afecta al acceso a la vivienda, desde todas las instituciones implicadas y empezando por los ayuntamientos». Por eso, en Santa Eulària, contarán con más de 5 mil metros cuadrados de terreno público para construir VPO en régimen de alquiler tasado en la próxima legislatura. Esta iniciativa se llevará a cabo habilitando, en su caso, fórmulas de colaboración público-privada que permitan ampliar el número de VPO en el municipio.
Con ello, según Ferrer, «vendrán a completar, si es necesario, la falta de actuaciones por parte del IBAVI en Santa Eulària». En este sentido, recuerda que «hace más de un año, el Ayuntamiento de Santa Eulària ya puso a disposición del ente autonómico más de 42 mil metros cuadrados repartidos en diferentes terrenos públicos para que valorara la posibilidad de construir VPO en ellos, sin que haya habido respuesta alguna hasta el momento».
Para Ferrer, garantizar el acceso a la vivienda «es una prioridad en el municipio» y, por este motivo, aunque el ayuntamiento no tiene competencias en esta materia y reclama que el Govern de les Illes Balears «dé una respuesta a las necesidades de Santa Eulària», desde el PP asegura que «trabajarán en la materialización de fórmulas ágiles y efectivas para dar solución a la demanda de vivienda, como la aprobación de bonificaciones fiscales que potencien el alquiler de pisos desocupados en el municipio».
Carmen Ferrer plantea también la necesidad de abordar el problema de la vivienda de una manera global y apuesta por crear mesas de trabajo transversales «en las que las administraciones responsables puedan coordinar medidas que permitan impulsar que la vivienda plurifamiliar salga al mercado con garantías para todas las partes». En este sentido, señala que se dará seguridad jurídica a los propietarios y se continuará combatiendo el uso turístico ilegal.