Medio centenar de funcionarios de Justicia de los juzgados de Ibiza se han concentrado sobre las 9.30 horas de esta mañana frente a la sede judicial para protestar por la nula voluntad del Ministerio de Justicia para tratar de alcanzar un acuerdo con ellos.
Según ha explicado Sabino Aramburu, delegado del sindicato CSIF-Justicia, las últimas decisiones tomadas por el Ministerio de aplazar cualquier negociación hasta después de las elecciones, «lo que ha hecho es encabronarnos más» y lo ha calificado de «irresponsabilidad». «Somos 45.000 funcionarios de Justicia con sus respectivas familias», ha explicado, «y eso me da a mí, más o menos, algo así como 150.000 personas con derecho a voto. ¡Pues está el PSOE como para desperdiciar 150.000 votos», ha subrayado.
Ha considerado Aramburu que el Gobierno «ha cruzado una línea» por lo que las protestas de los funcionarios serán «dentro de la legalidad, mucho más agresivas» dentro de la huelga indefinida que están protagonizando, que ya ha entrado en su cuarta semana.
Por su parte el presidente autonómico del CSIF, Juan Nieto, ha anunciado que el pasado 9 de junio «se presentó ante la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia contra la ministra de Justicia, Pilar Llop, así como contra el secretario de Estado de Presidencia, Tonchu Rodríguez» por la manera en que están tratando esta huelga funcionarial.
Nieto ha denunciado que este Gobierno «tiene de progresista lo que yo de torero» y ha criticado que les estén «ninguneando continuamente» porque, entre otras cosas, «se niegan a sentarse a negociar, están vulnerando un derecho constitucional que tenemos que es el derecho a la negociación colectiva».
Ha criticado a su vez que Tonchu Rodríguez presentará el pasado día 6 de junio una propuesta al comité de huelga «inaceptable a todas luces y abandonó la reunión poco después de empezada, lo que provocó el encierro de los compañeros en el Ministerio de Justicia». «A día de hoy el Ministerio no ha movido ficha», ha continuado Nieto, por lo que «vamos a incrementar las protestas» lo que irá en detrimento del «único perjudicado, que es el ciudadano de a pie».