«Es uno de los temas candentes que tenemos de acabar de cerrar». Así responde el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, al preguntarle sobre el futuro de los propietarios de los apartamentos Don Pepe. Uno de los edificios fue desalojado en 2021 y en el otro aún viven sus propietarios e inquilinos. El Consistorio ya había buscando un solar para que el Ibavi construyera un nuevo edificio en el que realojar a todos los afectados. Pero el nuevo gobierno municipal no parece tener tan claro que esa sea la solución definitiva.
«El expediente es arduo», explica Roig, «nosotros queremos agotar todas las posibilidades antes de acabar los desalojos y de derrumbar las vidas de estas familias». Sobre los ya desalojados, el alcalde recuerda que «es verdad que tienen ayudas», pero también señala que están sufriendo «unos dramas familiares que son muy complicados y con los que hay que empatizar».
Por ello considera que «hay que trabajar para saber exactamente cómo se pueden desarrollar las cosas».
Roig asegura que, en cuanto se constituya el nuevo Govern, presidido por la también popular Marga Prohens, solicitará una reunión «a tres bandas con el Consell para analizar lo que se ha hecho hasta ahora y empezar a decidir a futuro». Pero antes es necesario que su propio gobierno, que comenzó a trabajar el pasado 19 de junio, sepa «en qué punto se está y hasta dónde pueden ir las administraciones implicadas».
Y es que la detención del anterior alcalde, Ángel Luis Guerrero, y de la abogada del Consistorio, ha afectado especialmente al departamento municipal de Urbanismo. «Esto ha hecho que las decisiones se tengan que posponer», relata Vicent roig, «pero lo primero que haremos será esta reunión con el Govern y el Consell».
A la pregunta de si podría darse el caso de que los propietarios de los Don Pepe puedan recuperar sus viviendas para rehabilitarlas, Roig deja claro que a él le gustaría que «el que tiene una casa siga teniéndola». Y sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento busque una fórmula que permita legalizar ambos inmuebles se limita a señalar que «aún no se ha podido analizar la situación y ver con profundidad los expedientes».
Lo cierto es que el PP nunca ha defendido la postura de derribar los edificios y compensar a los propietarios con nuevas viviendas. Durante la pasada legislatura, cuando el PSOE activó este problema con la excusa de recuperar los terrenos para el parque natural de ses Salines, el PP exigió que se buscaran fórmulas para la legalización de ambos edificios y que sus propietarios pudieran acometer las reformas necesarias en los mismo. Algo que no aceptaron ni el Govern ni el Ayuntamiento, gobernados por los socialistas Francina Armengol, Josep Marí Ribas Agustinet y Ángel Luis Guerrero.
En febrero de 2022, la recientemente fallecida Virginia Marí, entonces diputada en el Parlament, presentó una moción con este objetivo, recordando que el Consistorio había tratado a los afectados «como si fueran delincuentes» en lugar de «simples familias a las que estaban desalojando». También criticó los retrasos en la tramitación de las ayudas para las familias, la «dejadez» del Govern y «la falta de propuestas de solución». Marí pidió entonces al Ejecutivo autonómico que modificara la legislación vigente para «posibilitar y facilitar la rehabilitación» y que solicitara al Gobierno central «la legalización de manera excepcional y por razones de utilidad pública debidamente acreditada» de los edificios. Unas peticiones que solo recibieron el respaldo de los grupos de Vox y Ciudadanos.
Tiempo después, el Consistorio encontró un terreno en el que levantar los edificios para el realojo pero la tramitación de la permuta depende de la aprobación definitiva de las Normas Provisionales de Sant Josep. Y a esto se añade que los propietarios no recibirían en ningún caso las nuevas viviendas de forma gratuita sino que se calcula que deberían abonar por las mismas una media de 40.000 euros más IVA, además de los gastos de notario y registro.