Gladis González es una de las usuarias de la ONG Metges del Món Ibiza. Ella es de Paraguay y lleva dos años viviendo en Ibiza junto a su marido, quien tiene la doble nacionalidad. Sin duda, esta concesión ha facilitado, según reconoce Gladis a Periódico de Ibiza y Formentera, su estancia en la isla porque ha podido realizar el trámite para obtener la nacionalidad por matrimonio tras un año de permanencia junto a su esposo en la isla.
En este sentido, reconoció que desgraciadamente no todas sus compatriotas latinoamericanas han podido trasladarse gozando de esta condición jurídica. «Venimos a España buscando una mayor seguridad. Lo único que queremos es trabajar sin vernos privados de nuestros derechos», apuntó Gladis resaltando que conoce a migrantes sin papeles en situación de vulnerabilidad que trabajan cobrando una miseria e incluso sin recibir un salario. «No denuncian por miedo a que les puedan expulsar del país y las empresas se aprovechan», indicó Gladis.
Explicó que ella, aunque en su país pudo acceder a la jubilación, actualmente trabaja en una empresa de limpieza en Ibiza. Un trabajo que le permite vivir dignamente en la isla junto a su marido y su sobrina. No obstante, reconoció que les ha costado dos años poder conseguir el certificado de empadronamiento y obtener la tarjeta sanitaria para poder acceder sin límites al sistema sanitario público. «Todas las personas tienen obligación y derecho a empadronarse, pero el propietario no quería», explicó Gladis e indicó que este problema fue el detonante para visitar la organización Metges del Món Ibiza. Subrayó que esta ONG les ayudó a conseguir el certificado de empadronamiento y la obtención de la tarjeta sanitaria.
Derecho vulnerado en Baleares
En este sentido, desde la organización señalaron que el padrón tiene que anteceder a la inserción social por arraigo. «Todo ciudadano tiene derecho a ser empadronado y el Ayuntamiento tiene la obligación legal de tramitarlo. Es un derecho de la ciudadanía», puntualizaron. Asimismo, la coordinadora de Inclusión Social de esta ONG, Rocío López, denunció que a las administraciones no les interesa aumentar la ratio de personas empadronas porque esto supondría, según Rocío López, tener que impulsar más servicios públicos e invertir más dinero. «Este derecho se está vulnerando cada vez más en Baleares», lamentó.
También adelantó que desde la ONG quieren reunirse con las nuevas corporaciones políticas, constituidas tras las elecciones, para establecer nuevos acuerdos y nuevas vías de trabajo común que promuevan los derechos de las personas migrantes y su inclusión plena en la sociedad. Señaló que los problemas administrativos no pueden traducirse en la exclusión de los derechos esenciales. En esta misma línea se mostró la vecina de Ibiza Gladis González, quien subrayó que los trámites en las oficinas de extranjería van muy lentos. «Se supone que en julio tengo que entregar un certificado de matrimonio vigente, pero han tardado tanto en darnos cita que no sé si ha perdido validez», explicó resaltando que, aunque su condición jurídica está regulada, le falta recibir la documentación física que lo acredite.