«Hemos sufrido amenazas de muerte por parte de los caseros»

Daniel Granda (Ibiza) es actualmente en la isla una de las caras más visibles de la lucha contra el sistema de vivienda y los precios abusivos del alquiler que existe en las Pitiusas desde hace mucho tiempo. Este joven, que tuvo que afrontar un desalojo hace unos años, exige protección contra los desahucios de inquilinos en situación de vulnerabilidad. Actualmente, Daniel y el resto de miembros del sindicato están trabajando para evitar el desahucio de 16 familias de un edificio en Santa Eulària, comprado por un fondo de inversión alemán.       

—¿Cuándo nació el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera?

—Este sindicato se fundó en 2019 para luchar contra los precios abusivos del alquiler en la isla. No somos una gran organización ni estamos registrados como asociación, tampoco nos ha hecho falta. Sí que estamos en contacto con el resto de sindicatos de inquilinos que hay en España para aunar fuerzas, aunque cada organización tiene sus propias problemáticas y actúa sobre ellas.

—¿Quiénes conforman esta entidad en Ibiza y cuántos miembros la componen actualmente?

—Aquí en Ibiza hemos sido los afectados los que nos hemos ido juntando para intentar encontrar soluciones al problema de la vivienda y las consecuencias sociales que se ven reflejadas, como el incremento de los desahucios. Actualmente somos alrededor de 10 personas las que estamos asumiendo un papel más organizativo dentro de la entidad.

—¿Ha crecido mucho la entidad desde que se fundó?

—Hemos crecido mucho porque se nos acerca mucha gente con dudas. Estas personas luego se quedan a las asambleas para apoyar a los afectados por un desahucio y se solidarizan con ellos.

—¿Cuál es el perfil de inquilinos que recurre al sindicato?

—Normalmente son gente de clase trabajadora. En muchos casos son mujeres con cargas familiares, algunas con discapacidad, o familias monoparentales. Gente que, por el motivo que sea, no puede juntar dos sueldos completos que les permita pagar un alquiler. Para vivir decentemente en la isla necesitas tener dos sueldos.

—Una vez se ponen en contacto con la organización, ¿de qué manera se actúa?

—Desde el principio intentamos que los afectados vengan a las asambleas con el objetivo de que se vean las caras y pregunten dudas. Esta práctica nos está resultando bastante favorable. Lo que hemos acabado haciendo ha sido estudiar las leyes y de la experiencia hemos ido sacando estrategias; unas nos han funcionado, otras no.

—¿Dónde se realizan estas asambleas?

—No tenemos sede, así que las organizamos en bares, en plazas o donde podamos. Son en petit comité y sirven para que la gente exponga sus casos. Tenemos un abogado que se ofreció a ayudarnos hace años y nos asesora.

—Antes ha comentado que cada organización tiene sus propias problemáticas y que actúa sobre ellas. ¿Qué factores diferenciales tiene Ibiza?

—Muchos. Primero la estacionalidad, un factor muy susceptible al alquiler de temporada que infla los precios. También la presencia de grandes tenedores que buscan vivir de las rentas sin trabajar. Imaginate, yo tengo cuatro pisos y si los alquilo por 1.000 euros cada uno, ya es más que un salario. Tiene cierta lógica, pero lo que la gente no entiende es que estas personas les están destrozado la vida a mucha gente.

—Una de las prácticas más habituales en la isla, debido a dicha estacionalidad, es alquilar a residentes de octubre a mayo para después inflar los precios en verano. ¿Es una práctica fraudulenta?

—Esta práctica no es del todo ilegal porque depende de cómo el casero establezca el convenio. Es cierto que es un contrato en fraude de ley y estamos trabajando mucho en esta materia. De hecho, hemos conseguido recuperar muchos contratos y hemos conseguido su ampliación a cinco años.

—¿De qué manera?

—Especialmente informando al casero de la normativa. Cuando este casero habla con su abogado, éste le dice que no ha colado esta vez y se tiene que comer el contrato. Vamos con las leyes por delante. Hay veces que al casero le cuesta entenderlas e incluso hemos tenido casos de amenazas de muerte. La verdad es que hemos tenido casos muy feos, sobre todo durante la crisis sanitaria.

—¿Podría explicar alguno de estos casos?

—Durante la covid trabajamos sobre todo impagos de alquiler. El casero, cuando dejas de pagar el alquiler, lo primero que hace es decirte que te vayas y te pide que le abones todo lo que no le has pagado. Pero claro, no te podías marchar y las ayudas al alquiler se abonan por año vencido. Además, se dan bajo unos condicionantes complejos como, por ejemplo, que el alquiler cueste menos de 900 euros al mes y eso es imposible en Ibiza. Además, otro factor negativo es que las fianzas no se depositan en el Ibavi.

—¿A qué otros casos complejos se han enfrentado?

—Tuvimos el desahucio de un compañero de la entidad en el que nos tocó luchar contra el Ayuntamiento de Ibiza porque no le querían dar una vivienda social. Sólo le podían ofrecer una vivienda tutelada y no permitían perros. A una persona de 80 años le quitas a su perro y lo matas. Luchamos mucho para que pudiese quedarse, pero hizo lo que hace la gran mayoría de la gente en esta situación; marcharse de la isla.

—¿Y las peticiones más recurrentes?

—La mayoría de los casos que hemos tratado han sido finales de contrato porque había varios convenios en Ibiza que llevaban años en activo y que aplicaban los precios de hace 10 años. Tengo que especificar que no eran los de renta antigua establecidos antes de la primera Ley de Arrendamientos Urbanos. Éstos eran indefinidos y estaban regulados. Ojalá siguiesen siendo indefinidos. En otros países tienen estas condiciones y la gente es capaz de vivir decentemente y de tener inversión inmobiliaria, pero aquí el liberalismo nos trajo esta situación.

—¿Estas situaciones están dentro de los denominados desahucios invisibles?

—Sí, la mayoría están provocados por las finalizaciones de contrato que se resuelven sin llegar a juicio y que dejan a la gente en la estacada. Son personas que no quieren problemas y no quieren enfrentarse a su casero. Por eso abandonan y se van a otra vivienda, aunque sea pagando un alquiler más elevado, pero evitan el conflicto. Nosotros lo que intentamos hacer es encontrar resquicios en los contratos, que suelen estar mal redactados, para alargarlos lo máximo posible.

—¿De qué manera la nueva Ley de Vivienda hubiese podido ayudar a mejorar la política habitacional?

—Esta Ley de Vivienda hace una regulación de los precios entrecomillas. Si tú eres un gran tenedor tendrás que ajustar el alquiler al índice nuevo que salga. Además, si quieres alquilar pisos de obra nueva también tendrás que ajustarte a ese índice. En el caso de no ser gran tenedor, el propietario siempre tendría la obligación de alquilar la vivienda al precio del anterior contrato. En definitiva, esta normativa no nos da seguridad jurídica, pero sí armas para negociar.

—Y, actualmente, ¿en qué punto está la negociación con el fondo inversor alemán que quiere desahuciar a 16 familias de un edificio en Santa Eulària?

—Se hacen un poco los sordos, así que tendremos que presionar. Es difícil, pero hay que trabajar en ello. Los vecinos tienen toda la ley en contra porque el sistema está pensado para que ellos pierdan.

—Tras la última concentración de los inquilinos, el Ayuntamiento de Santa Eulària adelantó que se estaba asesorando para buscar una solución.

—Por un lado, estamos contentos porque ahora los Servicios Sociales se están esforzando en atender a todos los afectados, pero creo que el Ayuntamiento tenía que haber entorpecido la venta del inmueble a este fondo inversor. Tiene que evitar estas ventas, podría haber comprado el edificio aplicando el derecho de tanteo y retracto porque ellos pueden delimitar dichas zonas para ganar propiedades. Hubiese sido una inversión destinada en un futuro a vivienda social o vivienda tutelada como sucede en la ciudad de Ibiza.

—Usted comentó durante la protesta que el propietario quiere subdividir los pisos para destinarlos al alquiler de temporada por habitaciones.

—Sí, una práctica legal que se está haciendo mucho en la isla debido a la problemática de los hoteles a la hora de contratar trabajadores en Ibiza. Hemos visto que hay una industria muy grande que no se puede abastecer con las personas que hay viviendo aquí y necesita que venga gente de fuera. Una situación que ha motivado que estos fondos de inversión compren bloques enteros para expulsar a la gente y dedicarlos al alquiler de temporada. Sin ir más lejos, este fondo alemán tiene cuatro o cinco empresas de inversión inmobiliaria.

—¿Cuándo explotó la venta de pisos a fondos buitre?

—Con la aparición del fondo buitre Cerberus y cuando los bancos empezaron a vender paquetes enteros de inmuebles a los fondos de inversión. Poco a poco, empezó a entrar en Ibiza    inversión extranjera para comprar edificios enteros. Con los años hemos visto cómo la isla se está hundiendo por su propio peso y nadie hace nada. Por eso es importante que la gente luche por sus derechos y se proteja porque no habrá vuelta atrás.

—¿Qué es lo que más le preocupa de esta situación?

—Muchas cosas. Entre ellas, la falta de solidaridad y empatía, el aumento del chabolismo en Ibiza, que ha crecido y a nadie le importa, los desahucios y que familias enteras se tengan que separar porque no pueden permanecer aquí. Me preocupa que todos los pueblos de la isla estén en el top 10 de los lugares con los alquileres más caros y las administraciones no hagan nada, sólo te ofrecen dos semanas de hotel para cumplir la normativa con pinzas y luego te dan una patada.