El Juzgado de lo Social de Ibiza está fijando señalamientos para el año 2025, según denunció ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Para el sindicato, es una prueba más de la situación de la Administración de Justicia en las Pitiusas, sumándose así a las palabras del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, quien expresó el pasado martes la «profunda» preocupación de la abogacía por esta «grave» realidad y por los perjuicios que ello está causando.
El portavoz del CSIF en las Pitiusas, Sabino Aramburu, se refirió a las palabras de Aleñar y a su ofrecimiento al Tribunal Superior de Justicia de Baleares para colaborar e impulsar un frente común a la hora de reclamar medidas. «Todo lo que sea intentar mejorar la caótica situación que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo, estamos de acuerdo», manifestó Aramburu.
El inicio de esta preocupante situación, según consideró, tuvo lugar en 2016 «y lo seguimos arrastrando». En concreto, Aramburu se refirió a la puesta en marcha de una prueba piloto sobre la Justicia digital que tuvo lugar en Ibiza durante aquel verano. «Entonces tuvimos mil problemas y ahora estamos en 2023 y se nos sigue cayendo el sistema de vez en cuando», advirtió.
«Falta de estabilidad»
A todo esto, habría que sumar después el incendio de los juzgados en 2019 y la pandemia en 2020. «La falta de estabilidad en las plantillas por una mala incentivación por parte del Ministerio es otro problema más», insistió Aramburu, quien consideró que sólo existe una manera de solventar la situación, que no es otra que incentivar al personal para que se quede en la isla.
«Además, primero hay que sacar las ofertas de empleo público porque en Justicia brillan por su ausencia», reiteró. De hecho, criticó que desde 1995 no han vuelto a publicarse todas las plazas desiertas, provocando que, en la actualidad, el 70% de la plantilla en los juzgados de Ibiza sea interina.
«Al estar apuntados en bolsas de otros territorios, en cuanto les sale una plaza, se marchan y no se puede crear una estabilidad en las plantillas. La solución a todo sería el plus de insularidad, que llevamos 15 años pidiéndolo», lamentó.
Aramburu explicó que en una isla como Lanzarote, con doble insularidad, un funcionario con plaza de auxilio judicial puede percibir al mes hasta 500 euros más.
Sobre la situación de los diferentes juzgados en la isla, el portavoz reconoció que en los cuatro de instrucción «tenemos un problema horrible porque todavía no nos hemos recuperado del incendio». También destacó la importancia de crear en Ibiza un quinto juzgado de instrucción, aunque dudó de que se materialice su puesta en marcha.
«Este verano no ha habido más actividad que otros años, lo que pasa es que los juzgados estamos saturados y desde Madrid nunca nos cuidaron bien», denunciaron desde el CSIF.
En relación a las plantillas, aseguraron también que en estos momentos hay varias plazas por cubrir, entre ellas, las de tres auxilios judiciales «y llevan unas semanas sin éxito intentando conseguir este personal».
«En tramitación y gestiones nos ha sucedido lo mismo. Se nos han acabado las bolsas y estamos acudiendo al SOIB, aunque son llamamientos a nivel nacional y la gente renuncia», concluyó.
Situación
Estas consideraciones del CSIF se suman a las palabras del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, y también a las de la letrada Eva Cardona, miembro de la junta de gobierno del Colegio balear, quien manifestó este martes que hay que trabajar conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia de Baleares para revertir la situación.
Cardona reiteró que en las Pitiusas «participamos de la misma problemática que en resto del país», aunque «es muy difícil que a las islas quiera venir el personal necesario, desde jueces a funcionarios». Una vez más, el problema de la falta de vivienda y el alto coste de la vida es el motivo principal, lamentó la abogada.
El decano, en un escrito, achacó a la «histórica» falta de recursos humanos y medios materiales la grave situación que afecta a la Justicia y se refirió a la situación de juzgados y tribunales, «muchos de los cuales se sitúan ya al borde mismo de la parálisis, como demuestra el hecho de que hay señalamientos a más de tres años vista».