La consellera balear de Vivienda, Marta Vidal, se ha reunido este miércoles en Palma con el vicepresidente del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, y el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, con el fin aunar posturas en la resolución del problema de los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe. Un encuentro en el que el primer edil josepí ha dejado claro que es necesario «tratar esta situación de forma humana».
«Hay que tener en cuenta», ha asegurado el alcalde en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, «que no solo se está hablando de dos edificios sino de 100 familias. Hay que tratar esta situación de manera humana y esta debe ser la prioridad». Roig ha subrayado que las tres administraciones deben «dar una solución a estas familias». Y ese es ahora el objetivo del Govern, del Consell y del Ayuntamiento.
Sobre la mesa está la propuesta de la Conselleria balear de Vivienda de mantener en sus pisos a las 50 familias que aún permanecen en uno de los edificios del complejo. Inmueble que tiene como irregularidad la de contar con una planta más de la que autorizó Sant Josep a mediados de los años 60. De este modo, el Ibavi solo tendría que levantar un nuevo edificio para las 50 familias restantes, que fueron desalojadas de sus casas en 2021 por el Consistorio gobernado entonces por Josep Marí Ribas Agustinet con la excusa de que el inmueble amenazaba ruina. Pero para poder sacar adelante esta solución es necesario que antes el Ayuntamiento pueda contar con las normas provisionales urbanísticas que permitirían ejecutar la permuta con la propiedad del terreno en el que está prevista la construcción del edificio para los realojos. Estas normas fueron aprobadas inicialmente por el Consistorio de Sant Josep a finales de 2022. Pero el decretazo urbanístico del Govern de la socialista Francina Armengol forzó a tener que adaptarlas a las nuevas directrices autonómicas. Un proceso en el que aún está inmerso el departamento municipal de Urbanismo. Una vez que esto se haga, las normas deberán ser remitidas al Consell d'Eivissa, que, a su vez, tendrá que tramitarlas para su aprobación definitiva.
«Hay que aprobar las normas provisionales para poder dar y tener estos terrenos para hacer las viviendas», ha abundado Vicent Roig, «el Ayuntamiento quiere salvar el otro edificio. Y ahora hay que ver lo que se hace». Así las cosas, mientras las normas provisionales de Sant Josep no estén en vigor, las Administraciones implicadas no podrán ejecutar ninguna decisión sobre el futuro de los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe.