«Si hay posibilidad de salvar los edificios de los Don Pepe, son unas viviendas que, en la situación de emergencia habitacional que hay en Ibiza, pueden venir muy bien». Así se ha pronunciado este viernes el vicepresidente y portavoz del Govern balear, Antoni Costa, quien ha explicado que las administraciones implicadas están «analizando de nuevo» las alternativas para dar salida al problema de estos dos inmuebles.
Costa ha subrayado que la solución que se decida finalmente tendrá que contar con el «consenso» de las 100 familias propietarias de los edificios ubicados en Sant Josep. Y ha añadido que esta solución tendrá que ser beneficiosa tanto para los afectados como para «la sociedad ibicenca y balear». Y es que la decisión del anterior Ejecutivo autonómico de construir 100 viviendas para realojar a los propietarios de estos pisos y derribar ambos edificios tiene un coste que, según señaló recientemente el Ayuntamiento de Sant Josep, ronda los 20 millones de euros. De ahí que el nuevo Govern quiera estudiar qué alternativas reales existen para solventar el problema. La titular de Vivienda, Marta Vidal, indicó días atrás que se haría un nuevo edificio para acoger a las 50 familias desalojadas de sus pisos en 2021 y que se buscaría una solución para los propietarios del edificio que aún permanece habitado. El primero fue declarado en ruina por el Ayuntamiento de Sant Josep en la pasada legislatura mientras que el segundo está fuera de ordenación por contar con una planta más de las autorizadas por la licencia otorgada por el mismo Consistorio a mediados de los años 60.
Antoni Costa ha dejado claro que «no hay ninguna decisión tomada» en estos momentos. «Lo que se está haciendo», ha añadido, «analizar si hay mejores alternativas». «No hay nada», ha subrayado a modo de conclusión el vicepresidente balear este viernes, «y no se tomará ninguna decisión sin que las familias estén plenamente de acuerdo. No se tomará ninguna decisión sin su consenso».
Sobre la mesa solo existe ahora la solución adoptada por los anteriores responsables autonómico y municipal, los socialistas Josep Marí Ribas Agustinet y Ángel Luis Guerrero. Estos acordaron con los afectados la construcción de nuevas viviendas en una terreno que aún debe ser recalificado por las normas urbanísticas provisionales de Sant Josep, que todavía no han sido aprobadas. De cualquier manera, sin estas normas, que aún deben ser tramitadas ante el Consell d'Eivissa, no podrá aplicarse ninguna solución definitiva al problema de los apartamentos Don Pepe.