«Hemos esperado demasiado para recurrir en vía judicial. Hemos pecado de inocentes», ha lamentado este viernes la gerente de la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Balears (Amadiba), Jane King. Esta mujer se ha mostrado decepcionada al señalar que han agotado el sistema de recursos en vía administrativa sin lograr una solución. Por eso han decidido presentar un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma para seguir reclamando al Consell d'Eivissa el impago de la deuda contraída de 2,2 millones de euros por los servicios prestados en la isla entre 2017 y 2019.
Unos servicios que como ha recordado Jane King fueron por encargo del anterior gobierno insular de PSOE y Guanyem para dar atención a personas con discapacidad intelectual. «El viernes 22 de diciembre interpusimos este recurso tras un proceso administrativo muy largo en el que exigíamos esta cantidad. A nosotros nos da igual qué agrupación política tenga que asumir responsabilidades y abonar la deuda, sólo queremos justicia y reparar la situación», ha explicado Jane King a Periódico de Ibiza y Formentera haciendo hincapié en que ninguna autoridad política discute el pago de estos 2,2 millones de euros, pero «nadie lo paga».
En este sentido, ha subrayado que, al no haber más procedimientos ni recursos administrativos que se puedan interponer, decidieron acudir al Juzgado con «dos cajas llenas de documentación» como prueba de los presuntos delitos del anterior gobierno insular de PSOE y Guanyem al encargar los servicios sin la firma de un contrato o a través de un concierto. «No podemos presentar estos contratos, pero sí mucha documentación relativa a los servicios prestados en la isla entre 2017 y 2019», ha explicado la gerente de Amadiba a este medio. Indicó que estos acuerdos entre ambas instituciones se realizaron de forma verbal porque desde la entidad pecaron de inocentes.
«Primero las personas»
Sin ir más lejos, ha destacado que, en Mallorca, el Consell antepone la urgencia y las necesidades de los usuarios y después la parte administrativa. «Si nos solicitan para un caso de maltrato, primero damos cobertura y solucionamos el problema. Todo esto está por encima de los contratos», ha apuntado. Sin embargo, Jane King ha afirmado que en Ibiza encontraban escollos porque la administración no sabía cómo funcionaba la asociación. «Primero son las personas y luego la parte administrativa», ha insistido.
Además, según la gerente, también reclaman el importe de los intereses de estos más de cuatro años de negociaciones con el Consell d'Eivissa, ya que en todo este tiempo no se ha podido desbloquear la situación. Al preguntarle por la cantidad que asciende la deuda contando estos intereses, Jane King ha explicado que este importe se verá afectado por la subida del precio del dinero. En esta misma línea, ha manifestado que este impago les ha llevado a la «ruina» e incluso se han planteado cerrar la asociación por no poder cubrir gastos y realizar los servicios. «Está siendo muy duro y complicado. Nos está costando mucho hacer frente a los costes y hemos vivido momentos complicados», ha lamentado la gerente de esta entidad sin ánimo de lucro. No obstante, ha reconocido que, con esfuerzo, pueden ver la «luz al final del túnel» porque se está empezando a concertar los servicios acorde al precios de mercado e indicó que poco a poco cerrarán el agujero creado.
«Las familias nos han mantenido en pie, ellas han sido el motor pese a estar angustiadas. Desde que presentamos la primera reclamación en diciembre de 2018, hemos celebrado varias asambleas con ellas», ha apuntado al mismo tiempo que señalaba que, además del daño económico, también están sufriendo un desgaste emocional. En este sentido, insistió en que han tardado mucho en llevar este impago a la vía judicial, ya que la primera reclamación de 1,4 millones fue hace cinco años. «Teníamos que haber reaccionado antes y no lo hicimos. Luego hubo un cambio político y ya se alargó el proceso», añadió. Al preguntarle por las acciones acometidas por el actual gobierno insular, Jane King ha señalado que el Consell d'Eivissa sigue totalmente inmerso en el cruce de acusaciones entre el presidente Vicent Marí y el PSOE por la campaña turística 'La vida Islados'. «Están esperando a ver qué pasa con esta cuestión», ha concluido la gerente.
Fiscalía Anticorrupción
Cabe recordar que el Consell llevó a Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades del PSOE-Guanyem con Amadiba tras aprobar la tramitación del informe técnico jurídico por la deuda de 2,2 millones de euros que reclama la entidad por trabajos que asegura haber realizado por encomienda del Consell Insular entre los años 2017 y 2019. Este informe se empezó a elaborar en 2021 y cuenta con la aportación de técnicos de diferentes departamentos del Consell. Según detalló el conseller Mariano Juan, los hechos detallan que el equipo de gobierno de la legislatura 2015-2019 «podría haber encomendado unos trabajos de manera verbal, sin ningún tipo de procedimiento y sin el aval de ningún técnico de la corporación al no firmarse contrato alguno para la atención a menores y personas discapacitadas». Este documento determinó que la exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, actuó de forma irregular, al margen del procedimiento administrativo habitual, de modo que desembocó en importantes impagos al no constar dicha tramitación.