La exconsellera de Benestar Social de Ibiza Lydia Jurado ha comparecido este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza como investigada por el ‘caso Amadiba' después de que el Consell d'Eivissa denunciara las presuntas irregularidades cometidas por el equipo de gobierno progresista en la legislatura 2015-2019 a la hora de contratar a dicha entidad. Amadiba reclama 2,4 millones de euros por servicios prestados que fueron contratados verbalmente según un informe jurídico de la institución insular.
Jurado solo ha querido responder a preguntas de su abogada, Aina Díaz, quien ha apuntado al salir de los juzgados acompañada de Jurado que «no conocemos los autos y hasta ahora no nos han citado. Cuendo estén todos revisados (Lydia Jurado) hará una declaración voluntaria ante la jueza y fiscalía y explicará todo lo que tenga que explicar».
La abogada de Jurado ha añadido que «hace muchos años que persiguen a Lydia. Fiscalía ha dicho muchas veces que no ve indicios de nada, la propia Oficina Anticorrupción había dicho no había ningún tipo de indicio de prevaricación, pero cuatro años después estamos aquí». «Ahora tenemos el expediente y cuando lo estudiemos volveremos a venir», ha concluido Díaz.
Por su parte, el abogado que representa al Consell d'Eivissa, Fernando Mateas, ha adelantado que pedirán a la jueza «pruebas en base a lo que creemos que se tiene que acreditar». Según Mateas, Lydia Jurado, a preguntas de su abogada, «ha dicho que no ha cometido ningún delito, que todo está correcto, que no ha cometido ninguna prevaricación, cosa que no es cierta porque no hay un expediente administrativo que ampare la prestación de este servicio». Mateas ha añadido que «lo que extraña sobremanera es que si tú concedes un servicio a una entidad cuando te pasan unas facturas por un importe elevado rechaces su pago cuando tú has concertado la prestación de este servicio ajena a cualquier procedimiento administrativo».
El abogado del Consell d'Eivissa ha destacado que es la institución insuar quien «ahora tiene la patata caliente es el Consell, porque ya son 2,4 millones de un servicio que no hay ningún documento que justifique la prestación de este servicio. Con el dinero público hay que tener mucho cuidado».
Servicios sin contrato
El Consell d'Eivissa envió en su día un extenso dictamen jurídico cuyas conclusiones apreciaban la presunta comisión de delitos como negociaciones prohibidas, prevaricación, fraude y falsedad documental a la hora de contratar verbalmente los servicios de Amadiba por parte del equipo de gobierno liderado por el socialista Vicent Torres. Supuestamente, se acordó con Amadiba sin ningún tipo de contrato la prestación de sus servicios para un centro de día para discapacitados y la atención en viviendas supervisadas para menores y mayores de edad con discapacidad entre 2017 y 2019.
Amadiba acudió el pasado mes de diciembre al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma para reclamar judicialmente al Consell d'Eivissa el impago de la deuda contraída por estos servicios prestados.