El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó ayer, gracias a los votos del PP, la aplicación de dos puntos del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Govern balear a finales del año pasado.
Dos medidas que promoverán el alquiler y la compra de viviendas de precio limitado (VPL) para facilitar el acceso a un alojamiento en el municipio. En este sentido, una de las medidas aprobadas ayer fue el incremento de los edificios en altura, ubicados en suelo urbano, que puedan acogerse a la posibilidad de incorporarse a la ordenación porque su orden de demolición ha prescrito.
Eso sí, desde el PP aclararon que estas edificaciones deben cumplir los requisitos previstos en la normativa. «Las plantas resultantes se deberán destinar a viviendas de precio limitado en las condiciones que prevé el decreto», aseguró el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. Por su parte, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, Eva Prats, adelantó ayer que los ayuntamientos tienen «libertad» para analizar cada situación habitacional a través de los servicios jurídicos del Consistorio y en base a este decreto, destacando la importancia de la legalidad de los expedientes urbanísticos.
«Intentaremos aplicar estas medidas para facilitar el acceso a las viviendas de precio limitado. Por eso, cada expediente hay que estudiarlo bien», señaló Serra, resaltando que cuando una propiedad se encuentra en fuera de ordenación hay que determinar si se puede mantener lo construido e incluso realizar ampliaciones.
Recalificación de suelo
La otra medida aprobada ayer hacía referencia a los suelos calificados como equipamientos que se puedan destinar a viviendas de precio limitado.
«El suelo público será de aplicación si el Ayuntamiento decide que es conveniente y el privado se ha limitado a que haya un informe previo municipal vinculante de convivencia justificada», agregaron desde el equipo de gobierno. Por su parte, desde la oposición tacharon estas pautas de «medidas puramente urbanísticas» porque afirmaron que lo que debería hacer el Ayuntamiento de Sant Antoni es fomentar la oferta del parque público de vivienda para que el Consell d'Eivissa y el Govern balear apuesten por construir estas viviendas en régimen de alquiler. «Bajo este decreto se podía haber impulsado medidas de vivienda pública y no se ha hecho», criticó el concejal socialista Antonio Lorenzo. «¿Quién va a controlar que estas viviendas se vendan con el precio limitado?», cuestionaron desde el PSOE, haciendo hincapié en que el Govern balear podía haber ejercido el derecho de tanteo y retracto paras las viviendas protegidas de la localidad con la finalidad de sumarlas al parque público de vivienda.
«Esta medida es importante. Tenemos que favorecer a los colectivos vulnerables, pero el PP no cree en las políticas reales de vivienda pública», apuntó. En esta misma línea, el alcalde Marcos Serra le recriminó que no apoyara estas medidas: «Parece que queráis buscarle tres pies al gato con tal de no aprobar estas medidas. Además, le recordó que el suelo del Sector 22 Can Bonet está en proceso de cesión al Govern balear. «Este suelo nos se ha cedido todavía porque es una ASU que se tiene que desarrollar», agregó.
Asimismo, adelantó que este proyecto está hecho, pero falta renovar el convenio, y se presentara próximamente con el objetivo de ceder este solar al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). En la sesión plenaria también se acordó declarar que la ASU Sa Serra de este municipio mantendrá su condición de suelo urbano en la situación urbanística prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y no resultará afectada por la previsión contenida en el decreto ley 9/2000 de medidas urgentes de protección del territorio de Baleares.