Según señala El Comercio en una publicación de este jueves, durante el juicio celebrado este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Oviedo, salió a la luz que la pareja acusada de estafar la suma de 85.000 euros al Consell de Ibiza era solo el «eslabón más bajo de una red criminal de alcance nacional».
Según los testimonios presentados durante el juicio, la pareja, compuesta por una mujer bielorrusa y un hombre asturiano, abrió una cuenta bancaria a nombre de una empresa en mayo de 2018. Durante varios meses, la cuenta permaneció inactiva, con excepción de una transferencia por un monto simbólico de dos euros. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, recibieron tres facturas consecutivas que ascendían a la mencionada cantidad estafada.
Una de las empleadas de la oficina bancaria, quien compareció como testigo, relató que todo parecía normal hasta que se descubrió el fraude. La tesorera del Consell de Ibiza, que prestó declaración por videocoferencia, detalló que la identidad de la UTE (Unión Temporal de Empresas) concesionaria de los trabajos fue suplantada mediante documentación falsificada. Esta documentación fue utilizada para solicitar un cambio en el número de cuenta asociado a las facturas, lo que permitió la estafa.
"Nos enteramos del engaño cuando la empresa perjudicada nos contactó para informarnos que no había recibido el pago", explicó la tesorera. El descubrimiento de este fraude destapó una operación criminal de mayores proporciones, con ramificaciones a nivel nacional.