El Club Náutico Ibiza (CNI) intenta quemar sus últimas naves antes de la decisión final del Consejo de Administración de Autoritat Portuària de Balears (APB) en relación al concurso de sus instalaciones y el pasado 11 de marzo presentó un nuevo escrito ante el gestor portuario en el que le vuelve a reclamar que declare la prohibición de contratar al empresario Alberto Pedraza Jorde, administrador «de hecho» de Puertos y Litorales Sostenibles, en virtud de la condena firme a 11 meses de prisión que le impuso el pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional por los delitos de falsedad en documento público y estafa procesal en grado de tentativa.
En esta ocasión, la petición del Club Náutico Ibiza se fundamenta en esta ocasión en una nota jurídica elaborada por el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y abogado en ejercicio, Manuel Ollé Sesé, en la que concluye que el delito de estafa procesal está bajo el paraguas del término genérico «fraude» al que se refiere la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) cuando fija las conductas que prohíben la contratación de determinadas empresas o personas.
Conclusiones
Las conclusiones del profesor Ollé son tres: que la LCSP prohíbe contratar a personas condenadas en firme por delitos de fraude, que el término fraude «puede incluir el delito de estafa y en concreto la estafa procesal, al configurarse ésta como un ilícito de defraudación (…)», y que «la decisión de si existe causa prohibitiva de la contratación derivada de una sentencia penal firme es del órgano de contratación», es decir, del Consejo de Administración de Autoritat Portuària de Balears, cuyos miembros, a juicio del CNI, «podrían incurrir en responsabilidad si deciden tomarse el asunto a la ligera y no tienen en cuenta las consideraciones de la nota jurídica».
«La consideración por el legislador de la naturaleza jurídica de las estafas como un delito de defraudación hacen que éstas sean un delito de fraude», señala el profesor Ollé en su nota jurídica, en la que se recuerda que la condena (…) no es por el tipo básico de estafa, «sino por el tipo agravado de estafa procesal», un ilícito «genuino de fraude» por el que «se engaña a un juez (…) a través de perversas o falsarias manipulaciones probatorias que provocan en el juzgador error en su valoración, con la finalidad de que se dicte una resolución no ajustada a la realidad y, por tanto, no ajustada a Derecho».
Consejo de Estado
El Club Náutico Ibiza solicita asimismo a la APB que, con carácter subsidiario, realice los trámites pertinentes para elevar una consulta al Consejo de Estado antes de resolver el concurso de las instalaciones del club, «dada la controversia jurídica existente, al parecer, entre la Abogacía del Estado y la nota del profesor Manuel Ollé».
El presidente de la APB, Javier Sanz, explicó en su última visita a Ibiza que no puede excluir al rival del CNI porque Pedraza no ha sido inhabilitado para contratar con la Administración.
Desde el CNI lamentan que Autoritat Portuària solo les haya comunicado la opinión de la Abogacía del Estado mediante un correo electrónico (y no el informe completo) en el que no consta su argumentario jurídico, lo que impide al Club Náutico Ibiza conocer «la motivación de la conclusión expresada».
También se queja el CNI de que, pese a sus reiteradas peticiones, la APB ha rechazado determinar la «titularidad real» de la sociedad Puertos y Litorales Sostenibles.
«Resulta desde luego sorprendente –señala el escrito del club– que la APB no realice actuación alguna dirigida a determinar la titularidad real de las empresas a las que otorga concesiones administrativas, con el solo argumento de que se trata de una actuación que no es normativamente exigible. Pero la sorpresa muta en estupor y escándalo cuando se trata de un concurso público para el otorgamiento de un título tan relevante como la explotación de las instalaciones del Club Náutico de Ibiza, y la única cabeza visible de la empresa competidora corresponde a una persona condenada por los delitos de estafa y falsedad. A todos los integrantes de este club, y a la sociedad en general, nos produce una legítima indignación que tal posibilidad pueda siquiera llegar a plantearse».
El Club Náutico Ibiza considera que «en los tiempos actuales se hace más necesario que nunca que los contratos de la administración se rijan por los principios de la prudencia y la transparencia, especialmente en un caso donde lo que se pone en juego es un espacio público dedicado al fomento del deporte y la actividad social», apunta en su comunicado.
El apunte
La resolución del concurso del Club Náutico de Ibiza será en el mes de abril
La resolución del concurso de las instalaciones del Club Náutico Ibiza tendrá que esperar a la reunión del Consejo de Administración de Autoritat Portuària de Balears del mes de abril. Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, en el orden día de la reunión del próximo miércoles 20 de marzo no figura este asunto, por lo que el futuro del CNI se resolverá en la que se celebre el mes próximo, ya que la prórroga actual caduca el 4 de mayo.
El presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Javier Sanz, señaló en su última visita a Ibiza a finales del mes de febrero que previsiblemente la decisión se tomaría en el pleno del mes de marzo. Finalmente no será así.
Según explicó Sanz ante la prensa, una vez se decida la autorización temporal por un máximo de tres años, APB sacará los pliegos para la concesión de las instalaciones del Club Náutico Ibiza a largo plazo, que podrá ser de «20, 25 o 30 años». «Yo me comprometo a publicar los pliegos de la concesión definitiva a la mayor brevedad posible, y sobre todo dando estabilidad y sostén a la náutica social, y a solucionar los problemas que tenemos que seguridad», indicó Sanz, que espera tener los nuevos pliegos a principios de 2025.
Javier Sanz también señaló que después de los varapalos judiciales sufridos en los últimos años en contra de los intereses de los actuales gestores del CNI, él es partidario de un cambio legislativo para que se pueda tener en cuenta la singularidad que representan los clubs náuticos a la hora de otorgar concesiones. Sin embargo, «no depende de nosotros», lamentó.