El Govern de Marga Prohens no ha dejado caducar el expediente para reclamar los cuatro millones que el anterior Govern de Armengol pagó a la trama investigada en el conocido como ‘caso Koldo' por las mascarillas fake, pues inició los trámites de reclamación el 24 de agosto del año pasado y el plazo legal establecido por la Comunidad Autónoma es de ocho meses.
De hecho, el plazo de ocho meses que tiene legalmente el actual Govern para reclamar lo dictaminó a finales de 2022 el Ejecutivo de la propia Armengol. Así lo demuestra el farrogoso expediente en el que hay un documento firmado por la jefa de Contratación del Ib-Salut, que ha podido consultar Periódico de Ibiza y Formentera, dejando claro que el plazo para dictar y notificar la resolución expresa en el procedimiento de resolución parcial del contrato es realmente de ocho meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 2.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Este documento, que ha sido obviado por el portavoz del PSIB Iago Negueruela en cada intervención pública, pone de manifiesto literalmente que «la aplicación dicho artículo a los procedimientos de resolución de contrato en la CAIB, ha sido establecida mediante el Acuerdo de la Comisión de la Junta Consultiva de Contratación de las Illes Balears. Por lo que, donde indica ‘tres meses' ha de indicar ‘ocho meses'». En otras palabras, el plazo para reclamar e iniciar el expediente de las mascarillas ‘fake' del Ejecutivo de Armengol es de ocho meses y no de tres, tal y como está haciendo creer el PSIB a la opinión pública. Cabe destacar que el propio Negueruela tuvo acceso a esta diligencia que aparece en el expediente, pero no ha transmitido toda la información a la opinión pública ni a los medios.
Fuentes del Govern recuerdan que el acuerdo de la comisión permanente de la junta consultiva de contratación administrativa del 23 de diciembre de 2022, cuando todavía gobernaba Armengol en el Govern, deja bien claro que «el plazo para resolver los contratos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears es de ocho meses». Así, en el punto número 17 del citado acuerdo de la comisión permanente de la junta consultiva de contratación se recuerda que el Constitucional dictaminó que «en cuanto a la extinción de los contratos, el art. 212.8 Ley de Contratos del Sector Público dispone que los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses». En este punto es preciso recordar que esta junta consultiva estaba presidida por la anterior consellera de Hacienda, Rosario Sánchez; vicepresidida por el anterior director general de Cooperación, Francesc Miralles; tenía como secretaria general a Begoña Morey y tenía como vocales a Jaume Colom, secretario general de la Conselleria de Modelo Económico que dirigía el propio Negueruela en la anterior legislatura.