La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitó ayer Ibiza con motivo de la inauguración de la 10ª Convención de Arquitectura Técnica CONTART 2024, que se celebra en el Palacio de Congresos. Antes de esta inauguración, la ministra habló ante los medios de comunicación sobre las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno central, alabando la alianza de colaboración con las administraciones autonómicas. Una cooperación que, según Isabel Rodríguez, se traduce en un gran incremento de recursos públicos. «Hemos puesto en marcha fondos de recuperación que han alcanzado los 5.500 millones de euros y acabamos de movilizar otros 8.500 millones de euros en préstamos y avales del Plan de Recuperación», manifestó, resaltando que de este dinero se ha destinado a las Islas más 180 millones de euros.
En este sentido, insistió en que el Plan Estatal de Vivienda y estos fondos de recuperación han posibilitado 1.500 nuevas viviendas. «Vamos a seguir en esta ola de la rehabilitación y la construcción de vivienda pública en alquiler. Para ello, me gustaría poder colaborar más con el Govern balear», apuntó, haciendo hincapié en que Baleares es una de las zonas más tensionadas de España, ya que alquilar una vivienda en las Isla es «casi misión imposible» porque, indicó, hay que destinar a la vivienda entre el 60 y 80 % del salario. Explicó que es necesario poner en marcha medidas excepcionales como la declaración de zonas tensionadas y aplicar el índice de precios de referencia de los alquileres. «Esto supondría una mayor implicación por parte del Gobierno central», agregó la ministra de Vivienda mientras animaba a la presidenta del Govern balear a declarar zonas tensionadas de alquiler en la comunidad autónoma y aplicar la Ley Estatal de Vivienda. «No se entiende que la señora Prohens no cumpla con sus conciudadanos a la hora de darles una respuesta en materia de vivienda», apuntó.
En esta línea, subrayó que intentará «apurar todas sus competencias» para abordar dicha gestión porque, según Isabel Rodríguez, hay «unanimidad» a la hora de analizar las causas de la tensión del mercado del alquiler en España, especialmente en Baleares. Asimismo, explicó que, para ayudar a combatir los alquileres turísticos ilegales en las Islas, están estudiando la normativa europea y los pronunciamientos del Tribunal Supremo de España «para ver qué margen tenemos desde la Administración General del Estado a la hora de aplicar nuestras competencias y dar respuesta a esta situación». «Necesitamos también que las administraciones competentes actúen. Es compatible apoyar al sector turístico y aplicar el modelo que defiende el Gobierno. Un modelo que pasa por la sostenibilidad medioambiental y por un turismo de mayor calidad que respete el entorno ambiental», concluyó.