«Este caso ya está ganado». Así se mostraba Daniel Esteve, dueño de la empresa Desokupa, durante la instalación del control de acceso en las zonas comunes del domicilio okupado por Alazne Rodrigo, la presunta estafadora de alquileres de Ibiza. Esta mujer, que lleva meses sin pagar el alquiler y subarrendado el resto de habitaciones de la vivienda a espaldas de los propietarios, permanecía encerrada en su habitación mientras los miembros de esta organización cambiaban el resto de cerraduras de la casa y se quedaban en la entrada del piso. «Estamos asegurando las otras dos habitaciones; ella está en la del medio. Al salir del cuarto, grabaremos todo lo que suceda porque cuando se ha presentado la Policía Local de Sant Antoni ha empezado a acusar a otro inquilino de agresión sexual, incluso ha llamado a la Guardia Civil desde su habitación denunciando estos hechos», destacó Daniel Esteve, mientras otros miembros de la entidad metían en bolsas algunos de los enseres de esta mujer para ir agilizando el proceso de desalojo.
Control de acceso
«Haremos vigilancia continuada y en cuanto esta estafadora de alquileres salga por la puerta de la casa, ya no entrará más», apuntó, resaltando que esta organización tiene la autorización de los propietarios de la vivienda, Bea y Saúl, para instalar este control de acceso en las zonas comunes. «En cuanto salga por la puerta, fin de la historia. Esto está ganado; es ella sola contra el mundo», insistieron desde Desokupa. Junto a los miembros de esta entidad estaba la joven pareja de propietarios algo nerviosos por la situación, que se estaba alargando en el tiempo. Sin ir más lejos, después de tres horas de vigilancia por parte de la entidad se presentaron en el inmueble varios agentes de la Guardia Civil para hablar con ella sin poder acceder a la habitación. Un desplazamiento motivado porque, además, durante la recogida de enseres apareció en el piso una bolsa con varios gramos de hachís, según Daniel Esteve. Por su parte, los propietarios de la vivienda allí presentes no daban crédito a lo sucedido.
«Alazne entró en nuestro piso el 6 de noviembre, pero días antes de firmar el contrato de alquiler ya había subarrendado el resto de habitaciones por Airbnb», señaló Bea a Periódico de Ibiza y Formentera con los nervios a flor de piel, mientras la presunta estafadora continuaba en su cuarto sin emitir ningún tipo de ruido, únicamente se escuchaba el ruido del cambio de las cerraduras realizado por la organización. «En algún momento tendrá que salir para ir al servicio o comer; esta situación es surrealista», señaló esta joven. También estaban ayer durante el desalojo los inquilinos itinerantes que han vivido en el piso durante estos meses de subarriendo de vivienda.
Subarriendo ilegal
La primera persona que entró junto a Alazne fue Luan, un joven que duró pocas semanas en el inmueble porque, según esta persona, enseguida observó comportamientos extraños en la presunta estafadora: «A los dos meses cambió la cerradura del piso y, al preguntarle por qué, se puso a la defensiva y me acusó de ser una persona agresiva», recordó Luan. Subrayó que cuando él se fue del inmueble se quedó otra compañera y llegó una pareja, Regina y Álvaro, la cual se encontraba ayer presenciando el desalojo. Respecto al subarriendo de vivienda durante estos siete meses, Luan destacó que esta mujer, que según este joven tenía un «compinche», ha podido llegar a ganar de forma ilegal hasta 3.000 euros al mes. Un dinero «ilícito que, además, se apropiaba indebidamente porque tampoco pagaba el alquiler a los dueños de la vivienda».
Al respecto, Esteve agregó que, aunque esta mujer sea desalojada, no existirá la condonación del impago del alquiler por parte de Bea y Saúl. Una denuncia por impago que se sumó ayer al expediente sancionador por alquiler turístico ilegal con una multa que abarca desde los 10.000 euros hasta los 400.000 euros. En este sentido, fueron los agentes de la Policía Local de Sant Antoni los que se desplazaron a este domicilio, ubicado en la calle Jaume I, para notificarle a esta mujer la apertura de este procedimiento que será tramitado por el Consell d'Eivissa. «Tras recibir varias denuncias contra esta mujer por alquiler turístico irregular, investigamos estos casos e identificamos a la moradora ilegal», explicó a este medio Alejandro Ponce, Jefe de la Policía Local de Sant Antoni. En esta misma línea, agregó que, una vez identificada esta mujer, contactaron con los propietarios para explicarles la situación y el desarrollo del expediente que, finalmente, se notificó ayer por la tarde.
«Una vez notificado, esta mujer ha negado estos hechos actuales, aunque sí ha reconocido que en el pasado llegó a subarrendar habitaciones», informó el Jefe de la Policía Local, explicando que la presencia de la Policía Local sólo estuvo motivada ayer por dicha notificación, ya que la okupación es un hecho que se denuncia a través de la vía penal, bajo el delito de usurpación. «No es posible el desalojo sin una orden judicial, pero los propietarios son los que han autorizado a la organización Desokupa instalar este control de acceso en la vivienda», destacaron desde la Policía Local de Sant Antoni, haciendo hincapié en su lucha contra el alquiler turístico ilegal en la localidad para «evitar que se siga extendiendo».