El asentamiento ilegal situado en Can Rova, ubicado en la zona de Can Negre, se ha convertido en el centro de todas las miradas desde que denunciaran el pasado marzo que cientos de familias, muchas de ellas con menores, viven alquiladas en este terreno privado y están alojadas en autocaravanas, tiendas de campaña y chabolas. Este campamento chabolista debe ser desalojado por orden judicial el próximo 10 de julio. En este sentido, una de las moradoras que ocupan este solar señaló a este medio que alquila varios metros cuadrados por unos 300 euros al mes para poder ubicar así su autocaravana. Un espacio que, según esta mujer, comparte con cerca de 300 familias en las que viven 45 menores. En esta línea, explicó que cada morador paga una cuota diferente según el trozo de parcela y dependiendo del espacio que utilice como vivienda. «Los precios oscilan entre los 250 y los 400 euros», agregó.
Al tener en cuenta estas cantidades, si se multiplicara el importe medio mensual que abona cada morador por el número de familias que actualmente viven en este asentamiento, el propietario que arrienda el terreno podría estar ganando cerca de 90.000 euros mensuales. Una cifra que, según esta mujer, este hombre destina en parte a la mejora de las condiciones del solar y al suministro de agua y de luz, aunque otra moradora explicó hace semanas que se trata de conexiones irregulares a estos servicios básicos. No obstante, pese a que estas familias sufren cortes de suministro debido a esta irregularidad, explicaron que su deseo es seguir viviendo en este solar.
Es por eso que se mostraron preocupados por la próxima ejecución de la sentencia de desalojo que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza ha fijado para el día 10 de julio. Cabe recordar que la magistrada ordenó que el desahucio de estas infraviviendas se realizará a las 12 horas. No obstante, determinó que, según figura en las diligencias de ordenación, cabe recurso de reposición por parte del propietario demandado para solicitar una modificación de la resolución. Hay que señalar que este asentamiento ilegal está localizado en una propiedad privada conocida como Can Rova y es propiedad de seis hermanos, pero sólo el demandado gestiona este ‘camping' ilegal en oposición a los otros.
La sentencia
La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Palma, dictada el pasado mes de marzo, constata que el demandado viene ocupando la finca «sin que posea título que justifique dicha ocupación, por mera tolerancia de los demás». Es por eso que los demandantes establecen que dan por «concluida la posesión exclusiva y excluyente» como consecuencia de un «uso abusivo que se manifiesta en la realización de actividades ilegales e incluso peligrosas, y contraria a su destino». La sentencia también apunta que no ha existido un «acuerdo previo» del resto de hermanos, ya que el demandado ya hizo uso exclusivo de la finca «previa a la adquisición del derecho de uso por parte de la totalidad de los actuales codueños».
El escrito hace referencia a actividades «ilegales», «carentes de licencias» y que reportan un «beneficio económico ilícito y exclusivo» al demandando. Entre estas actividades cita el alquiler de suelo para caravanas y tiendas de campañas, alquiler de habitaciones en «condiciones infrahumanas» y el alquiler de espacio para el almacenamiento de maquinaria pesada y material de construcción, según la declaración de uno de los testificales. Por otro lado, la Dirección General de Vivienda del Govern balear ha anunciado la apertura de un expediente sancionador al demandado tras constatar, en una inspección, que ha estado cobrando el alquiler a unas 70 infraviviendas instaladas en el solar. Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, por su parte, confirmaron que entre los residentes de dicho asentamiento se encuentra una decena de familias vulnerables, con menores a cargo, que están siendo atendidas por los Servicios Sociales municipales.