El vicepresidente del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, ha anunciado este viernes su intención de reunirse con los trabajadores del centro penitenciario de Ibiza, tras conocer que el Ministerio de Interior no renovará la concesión para que tengan un sistema de transporte propio desde sus domicilios hasta el penal. Así lo ha anunciado el vicepresidente durante el debate de una moción presentada por Unidas Podemos en el Pleno celebrado este viernes con el fin de que la institución insular ponga sobre la mesa alguna solución para estos funcionarios. En la misma moción, además, el conseller Óscar Rodríguez ha planteado que es necesario que el Consell inste el ministerio a prorrogar el contrato o, si no, a hacerse cargo del coste del transporte para estos trabajadores del Estado.
Mariano Juan ha explicado que estos funcionarios son «un colectivo específico» que necesita para su transporte «unas medidas de seguridad específicas». Por ello, ha puesto en duda que el uso del transporte público convencional sea una solución. Sin embargo, ha dejado claro que su intención es reunirse con ellos, a pesar de que no lo han solicitado, y conocer de primera mano sus reivindicaciones.
El vicepresidente ha recordado que la línea L35, que une el centro de Vila con el barrio de Sa Carroca, donde está el centro penitenciario, tiene dos paradas cercanas al mismo. Pero también ha señalado que es probable que los horarios de esta línea no coincidan con los que necesitan estos funcionarios. A esto ha sumado el hecho de que esa línea es utilizada por quienes van a visitar a los reclusos, por lo que también ha puesto en duda que sea conveniente que viajen en los mismos vehículos que los funcionarios de la prisión.
Mariano Juan, por otro lado, ha dejado claro que el problema que afecta ahora a los funcionarios de prisiones es una más de las consecuencias del abandono de Ibiza por parte de Estado. Un abandono que, ha dicho, esta provocando que la situación comience a ser «dantesca». Y es que, ha subrayado, «no se puede normalizar la retirada del Estado de Ibiza». Una retirada que tiene como consecuencias que sean las instituciones de la isla las que, por ejemplo, tengan que proporcionar vivienda a los funcionarios estatales o, incluso, solares para que la Guardia Civil pueda llevar a cabo explosiones controladas. A esto ha sumado que el Ayuntamiento de Santa Eulària haya tenido que buscar un solar para que la Benemérita pueda construir una residencia para sus efectivos en la isla y que el Consell haya tenido que crear el centro de prácticas para la obtención del carnet de conducir, ante la práctica desaparición de los servicios de la DGT en Ibiza.
En este punto del pleno, el PSOE ha rechazado las críticas dirigidas al Ministerio de Interior y ha exigido al Consell que habilite una línea de autobús que permita tanto a funcionarios como a familiares de los presos dirigirse al centro penitenciario